Barcelona frente al espejo turístico: guerra contra los apartamentos vacacionales en la ciudad de los grandes eventos

Barcelona ha vuelto a a vivir un verano con el turismo desbordado.

En el arranque del verano, la ciudad encadenó el Primavera Sound, el Sónar, la visita del Papa León XIV, el Gran Premio de España de Fórmula 1, las celebraciones del Orgullo, el Congreso Mundial de Arquitectos y numerosos encuentros profesionales que culminaron con la salida del Tour de Francia.

La intensa agenda internacional, promovida en parte por el Ayuntamiento, elevó por encima del 97% la ocupación de los apartamentos turísticos legales, un síntoma más del extraordinario atractivo que sigue manteniendo la capital catalana.Todo ello sucede, sin embargo, en una ciudad donde ese éxito ha terminado alimentando un creciente malestar ciudadano .

La presión sobre el espacio público, la saturación de determinadas zonas y las dificultades de acceso a la vivienda han situado el debate sobre el modelo turístico en el centro de la política municipal.

En ese contexto, el Ayuntamiento de Barcelona mantiene su compromiso de eliminar las cerca de 10.000 viviendas de uso turístico legales existentes en la ciudad en noviembre de 2028, suspendiendo las licencias en aplicación del decreto aprobado por la Generalitat.40% Impacto en el sector Los 10.000 pisos vacacionales legales que hay en Barcelona representan el 40% de las plazas turísticas que hay en Barcelona, advierten la patronalEs por ello que Apartur, la patronal de los apartamentos vacacionales en Barcelona, considera que les han puesto la cruz, responsabilizándoles de un problema mucho más complejo. «Se ha construido una auténtica cortina de humo», sostiene su directora general, Marian Muro, en conversación con ABC. «Nos han convertido en el chivo expiatorio del problema de la vivienda cuando somos un sector completamente legal, regulado y que lleva más de diez años sin crecer en Barcelona», apunta.La asociación no niega que la capital catalana sufra los efectos de la elevada presión turística ni que la crisis de acceso a la vivienda requiera respuestas públicas.

Lo que cuestiona es que la desaparición de las viviendas turísticas vaya a resolver esos problemas y denuncia una campaña de descrédito contra una actividad económica que considera esencial para la competitividad de la ciudad.La controversia trasciende ya el ámbito político.

Apartur libra una ofensiva judicial que podría acabar resolviéndose en Luxemburgo.

Agotada la vía del Constitucional, tras la sentencia de marzo de 2025 que avaló las limitaciones, la asociación presentó una reclamación patrimonial contra la Generalitat por los perjuicios derivados de la extinción de las licencias.