Koldo Casla, relator de la ONU: "Hay muchas carencias en la normativa española en relación con el derecho a la vivienda"

Hace menos de un mes que el desahucio de Maricarmen Abascal , fallecida 14 días después de ser obligada a abandonar la casa en la que había vivido 70 años, desató una oleada de protestas por el derecho a la vivienda y agitó el tablero político español.

En ese tiempo, el Gobierno ha aprobado dos veces un decreto con medidas contra la crisis habitacional que incluye la suspensión de desahucios a personas vulnerables.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada Koldo Casla (San Sebastián, 1985) valora de forma positiva esta "medida de urgencia" —rechazada inicialmente por el Congreso y pendiente de una nueva votación que esta vez se espera a favor—, aunque advierte de que hacen falta iniciativas de mayor calado.

Reclama, por ejemplo, un mayor control sobre las empresas que se dedican al alquiler.

Casla, que está especializado en derechos humanos y ocupa el cargo de relator especial desde mayo, recalca que la legislación española tiene "muchas carencias" para cumplir con el derecho a la vivienda que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España.

El desajuste entre este tratado y la normativa nacional se ha evidenciado en el caso de Maricarmen.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU pidió la suspensión cautelar del desahucio mientras estudiaba una queja al respecto presentada antes del verano, pero el desalojo fue ejecutado.

España va a ser condenada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas