“Me da miedo salir y que me detengan”: excarcelados bajo la sombra del sitema judicial

La excarcelación de presos políticos en el país no ha significado el fin de su persecución ni el restablecimiento de sus garantías de vida.

Aunque abandonar los centros de reclusión representa un alivio para las familias, la imposición de medidas cautelares sustitutivas mantiene a cientos de ciudadanos bajo un régimen de libertad condicional que funciona como un esquema de vigilancia permanente.

Detrás de las cifras oficiales se esconden secuelas de un sistema judicial instrumentalizado y barreras socioeconómicas que dificultan la reinserción social.

Desde la zozobra psicológica hasta la imposibilidad de conseguir un empleo, las condiciones impuestas tras las rejas se extienden ahora al entorno urbano de los ex presos políticos.

Para la mayoría de los procesados por motivos políticos, la salida del centro penitenciario viene acompañada de la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales de la causa, una medida que exige traslados frecuentes desde el interior del país hasta la ciudad de Caracas donde se encuentran los tribunales contra terrorismo, un delito que por años se le ha impuesto a los presos políticos.

Leomar Andrés Guerra Sánchez, de 35 años de edad, permaneció detenido un año y 10 días tras ser arrestado arbitrariamente el 4 de agosto de 2025 en el terminal de La Bandera por hacer una reserva de pasaje.

Tras ser excarcelado, debe desplazarse desde el municipio Urdaneta del estado Miranda hasta el Palacio de Justicia cada mes.

“Perdimos nuestros empleos y obviamente no dependo de mí para lo que es el traslado a los tribunales y a la zona de presentación.

No se le comentó en ningún momento al juez la posibilidad de que hicieran traslado a un tribunal más cercano porque no había despacho.

El juez no estaba, simplemente nos atendió su secretario para dictarnos la medida y explicarnos cómo era todo el proceso”, dijo el ex preso político en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo.

Así fue la detención de Leomar Guerra.

La abogada Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), enfatiza que este esquema procesal prolonga el castigo sobre núcleos familiares que ya han quedado descapitalizados tras años de hacerse cargo de la manutención de sus allegados en prisión.

“Estas familias empobrecidas han tenido durante todos estos años que dividir el poco dinero que tienen entre sostener a sus familias en las casas y la manutención de los hijos, de los padres y un poco de dinero para trasladarse y abastecer a sus parientes privados de libertad.

Traen un impacto económico muy severo al que ahora se suma el costo del traslado permanente a Caracas”, aseguró la abogada y defensora de los derechos humanos.