Espacio Público registró 170 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela desde enero

Durante los primeros ocho meses de 2026, la ONG Espacio Público registró 170 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, siendo la intimidación la mayor práctica de este tipo con 47,65 % y la censura acumuló un 25,29 %.

De las 122 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (57,38%), y entre los 104 victimarios los cuerpos de seguridad concentran casi la mitad (50,48,08 %), seguidos por instituciones del Estado (20,19,23 %).

En agosto, Espacio Público registró tres casos y seis violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

La intimidación (4 hechos) concentró el 66,67 % del total, seguida por el hostigamiento verbal y la censura, con un hecho cada uno (16,67 %).

Las 5 víctimas identificadas fueron todas periodistas o reporteros (100 %).

Entre los 3 victimarios, los desconocidos representaron dos tercios y los cuerpos de seguridad el tercio restante.

Es el registro más bajo del año; sin embargo, la cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública.

Una mesa de negociación sin garantías para informar La ONG documentó que el 6 de agosto se instaló en el Centro de Convenciones de la base aérea de La Carlota la mesa de conversaciones entre el gobierno y la Asamblea Nacional de 2015.

Ese mismo día, cuando se retiraba del lugar, la periodista de Efecto Cocuyo Deisy Martínez fue abordada por unos cinco funcionarios sin insignias visibles que le exigieron su teléfono, borraron todas las fotografías que había tomado y le advirtieron que el protocolo indicaba trasladarla a la DGCIM.

“Con un tono agresivo me dice que le entregue el teléfono”, relató.

La cobertura del primer acto de la negociación empezó con una periodista obligada a entregar su material.

Días después, el 13 de agosto, El Nacional denunció que Instagram había suspendido su cuenta desde el 26 de julio por denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, dejando sin ese canal a más de cuatro millones de usuarios.

Para Espacio Público, este episodio no es un hecho aislado.

"El caso repite el patrón que ya afectó a Armando.Info y El Pitazo: un mecanismo legítimo de protección de derechos convertido en herramienta de censura.