El costo de seguir esperando: La reforma que México no puede aplazar más
Cada otoño, el debate presupuestal repite el mismo guion: se cuadran las cifras con recortes y optimismo, y se aplaza la discusión de fondo.
México recauda cerca de 18.3% del PIB en impuestos, el nivel más bajo entre los países de la OCDE, cuyo promedio ronda 34%.
Con esa base es imposible financiar al mismo tiempo pensiones, salud, seguridad e infraestructura sin endeudarse más.
Subir la recaudación no es capricho ideológico de derecha o de izquierda; es aritmética.
A esa debilidad de ingresos se suma que alrededor del 80% del presupuesto, ya tiene dueño antes de que se discuta: las pensiones y jubilaciones, que crecen con el envejecimiento de la población; las participaciones y aportaciones a estados y municipios, que la ley obliga a transferir; y el costo financiero de la deuda, que supera 1.4 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos.
Lo que queda para inversión y nuevos programas es un margen estrecho, y se achica cada año.
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Tras su misión del Artículo IV de 2026, advirtió que el presupuesto 2027 posterga parte de la consolidación fiscal, y recomendó focalizar mejor los programas sociales, retirar progresivamente los subsidios a los combustibles y fortalecer las finanzas de Pemex.
L os estímulos al IEPS de gasolinas benefician más a quien más consume y restan recursos que podrían llegar a quien más los necesita.
Focalizar no es recortar; es gastar con puntería.
Pemex es el nudo central.
Su deuda financiera ronda los 100 mil millones de dólares, según sus propios reportes.
La refinación ha sido durante años un pozo de pérdidas.
Seguir inyectando dinero a refinerías equivale a quitarle recursos a escuelas y hospitales para sostener un negocio que no genera valor.
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