El enfermo es el sistema de salud

La crisis del sistema público de salud mexicano dejó hace tiempo de ser una emergencia coyuntural para convertirse en un problema estructural.

El desabasto de medicamentos e insumos, las condiciones laborales de médicos, enfermeras y personal administrativo, los bajos salarios, la saturación hospitalaria y una burocracia incapaz de responder con oportunidad forman parte de una enfermedad que el gobierno no ha podido curar.

Y lo más preocupante es que no se vislumbra una solución de fondo en el corto ni en el mediano plazo.

Después de dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya resulta insuficiente responsabilizar exclusivamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta heredó un sistema profundamente deteriorado, ciertamente, pero también heredó la responsabilidad de corregirlo.

Si existiera la decisión política de sacudir al sector, tendría que comenzarse con una revisión profunda de sus mandos y de los resultados que han entregado.

Zoé Robledo lleva 8 años al frente del IMSS y difícilmente puede deslindarse de las deficiencias que padecen millones de derechohabientes.

Lo mismo ocurre con Martí Batres, con dos años al frente del ISSSTE y con los funcionarios responsables de Birmex y de la adquisición y distribución de medicamentos.

Cuando una política pública fracasa persistentemente, la responsabilidad no puede diluirse eternamente entre subsecretarios, proveedores, administradores y funcionarios menores.

Alguien tiene que responder.

La presidenta tendría que dar un manotazo en la mesa y realizar una cirugía mayor en el sector.

No se trata simplemente de cambiar funcionarios para colocar otros nombres, sino de modificar un modelo administrativo que no está garantizando algo tan elemental como que un paciente encuentre el medicamento que le prescribe su médico.

También es necesario revisar las condiciones laborales del personal sanitario.

Resulta contradictorio presumir un sistema de salud de primer mundo mientras médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y trabajadores administrativos denuncian precariedad salarial, sobrecarga laboral y carencias para desempeñar su trabajo.