Ceuta y Melilla, dos ciudades con un régimen "municipal ampliado" que las hacen dependientes del Estado

Desde el estallido de la crisis de Ceuta por la entrada masiva de más de 70.000 personas por la frontera del Tarajal desde Marruecos, su presidente, Juan Jesús Vivas, ha pedido reiteradamente una mayor implicación del Gobierno para afrontar la situación ante la ausencia de capacidad legislativa y la limitación de competencias , que dependen en gran medida de la Administración Central del Estado.

Esto sucede tanto en Ceuta como en Melilla porque son ciudades autónomas y no comunidades, según se decidió en las leyes orgánicas de 1995 que regulan sendos estatutos de autonomía.

Ninguna asume grandes competencias de gestión autonómica como la sanidad o la educación, siendo responsables los respectivos ministerios.

Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la universidad CEU San Pablo, lo resume como un "régimen municipal ampliado con importantes limitaciones".

"Aquí no manda nadie, salvo el presidente de la Ciudad, que está asumiendo responsabilidades que no le corresponden de acuerdo con las leyes", criticó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , desde el territorio.

Y es que la singularidad institucional de Ceuta y Melilla se traduce en una notable dependencia del Estado.

Al carecer de facultades para legislar y no gestionar áreas clave como la educación, la sanidad, la justicia o las políticas de empleo que sí están transferidas a las comunidades autónomas.

Estas siguen dependiendo directamente de los respectivos ministerios del Gobierno central.

Esta situación limita el margen de actuación de ambas ciudades autónomas y alimenta periódicamente el debate sobre la necesidad de reformar sus estatutos para ampliar su nivel de autogobierno.

Como ciudades autónomas, Ceuta y Melilla tienen "más facultades que los ayuntamientos, pero menos que las comunidades autónomas" , resume Murillo.

Sus gobiernos locales gestionan competencias en materias como urbanismo, medio ambiente, servicios sociales o turismo, además de servicios urbanos como la recogida de residuos, el alumbrado público y el transporte.

También son responsables de la organización de las fiestas locales y de la dirección de la Policía Local.

Entre sus atribuciones figura asimismo la tutela de menores, una cuestión especialmente sensible en un contexto de presión migratoria como el actual.

Sin embargo, el Estado regula desde Madrid asuntos capitales.