El Tribunal de Recursos Contractuales tumba el concurso del transporte escolar y obliga a rehacer los pliegos

Castilla-La Mancha tendrá que plantear de nuevo la licitación del transporte escolar para los tres próximos cursos.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha estimado parcialmente los recursos presentados por Direbús contra los pliegos del servicio y ha anulado dos elementos esenciales del pliego de cláusulas administrativas: el presupuesto base de licitación y el valor estimado.El fallo afecta así al núcleo económico del concurso.

El Tribunal anula expresamente los apartados 3 y 4 del cuadro de características y establece que esa decisión determina también la anulación de los actos de aprobación del pliego de condiciones administrativas que regía la licitación.

La Junta deberá, por tanto, corregirlo antes de volver a sacar el servicio a concurso.El procedimiento había sido convocado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para prestar el servicio de transporte escolar en vehículos de diez o más plazas en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo durante los cursos 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029, con un presupuesto base de licitación de 31,77 millones de euros .

La contratación comprendía 284 rutas de autobús repartidas por las cinco provincias y forma parte del sistema con el que la Junta garantiza diariamente el desplazamiento a los centros educativos.

Entre las condiciones previstas figuraba la posibilidad de que las empresas adjudicatarias dispusieran de hasta tres vehículos de sustitución para garantizar la continuidad del servicio ante posibles incidencias.

La licitación mantenía además la presencia de acompañantes en aquellas rutas en las que resultara necesaria.La licitación y sus pliegos fueron publicados el pasado 26 de marzo.

Direbús recurrió los correspondientes a cuatro subexpedientes -AB-I, AB-II, AB-III y CR-I- y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acordó el 30 de abril suspender cautelarmente su tramitación.Sin embargo, aquella decisión terminó afectando al conjunto del concurso.

La propia Junta comunicó entonces en la Plataforma de Contratación del Sector Público que no podía continuar con los restantes expedientes.

La Administración señalaba en su nota informativa que la suspensión de aquellos cuatro subexpedientes afectaba «de manera directa a la totalidad de las ofertas presentadas por los licitadores» en los demás, por lo que decidió paralizar todo el procedimiento hasta que se pronunciara el Tribunal.Un servicio que no puede tratarse como «de mercado»El fondo de la resolución está en cómo se calcularon y reflejaron en los pliegos los costes del servicio.