Consumo abre expediente a una empresa de telecomunicaciones por prácticas abusivas y blinda al usuario con el prefijo 400

La empresa se arriesga a multas millonarias y serán nulos los contratos logrados en llamadas no consentidas

El Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy , ha abierto un expediente sancionador a una gran empresa de telecomunicaciones, cuyo nombre no ha trascendido, por posibles prácticas abusivas. Según el departamento, la compañía podría haber perjudicado a consumidores vulnerables mediante condiciones aplicadas sin su consentimiento expreso.

La normativa de defensa de los consumidores define como abusivas aquellas cláusulas que no se han negociado individualmente y las prácticas no consentidas de forma expresa que, «en contra de las exigencias de la buena fe», provocan un «desequilibrio importante» en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del cliente. Si se confirma la infracción, la empresa se enfrenta a multas de hasta un millón de euros por cada práctica sancionada , o de entre seis y ocho veces el beneficio obtenido de forma ilícita.

La obligación nace de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) , que exige separar con claridad las comunicaciones destinadas a vender o promocionar productos de aquellas cuyo fin es atender reclamaciones, resolver incidencias o realizar otras gestiones.

La norma incorpora también una medida especialmente disuasoria: serán nulos los contratos que se cierren durante llamadas comerciales no consentidas. Con ello, el Gobierno busca evitar que los consumidores se sientan presionados para contratar al teléfono y, al mismo tiempo, desincentivar a las empresas de recurrir a estas prácticas, ya que cualquier acuerdo logrado por esta vía quedará sin efecto.

La puesta en marcha del prefijo 400 culmina un proceso legislativo que arrancó en mayo de 2025 con la reforma de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada definitivamente por el Congreso en diciembre. El ministerio confía en que la nueva identificación se convierta en una herramienta eficaz para proteger a los ciudadanos frente a las llamadas comerciales no deseadas, una de las quejas más habituales entre los consumidores españoles.