Caso Pdvsa Obrero | Militar retirado cumple 683 días preso y su discapacidad ha sido ignorada

Larry José Moya, un militar retirado, amputado de la pierna derecha y privado de libertad en Yare II desde el 10 de octubre de 2024, continúa detenido mientras sus familiares denuncian falta de atención médica, vulneraciones al debido proceso y ausencia de respuestas institucionales

Larry José Moya Alfaro continúa privado de libertad en el Complejo Penitenciario de Yare II , en el estado Miranda, 683 días después de su detención. El militar retirado, amputado de la pierna derecha, permanece detenido en condiciones que comprometen tanto su salud como el ejercicio de sus derechos fundamentales, según denuncia su familia.

El caso de Moya Alfaro forma parte del denominado expediente Pdvsa-Obrero, por el que decenas de personas permanecen privadas de libertad acusadas de corrupción, contrabando y sabotaje dentro de la estatal petrolera venezolana. Sus parientes sostienen que el proceso ha estado marcado por retrasos, falta de transparencia y obstáculos para ejercer una defensa efectiva. Además, aseguran que no hay pruebas que demuestren esos delitos.

Moya fue detenido el 10 octubre de 2024. Su familia afirma que durante los primeros días desconocieron su paradero. También denuncian que las autoridades lo torturaron . Posteriormente lo presentaron de manera clandestina en una audiencia telemática, sin las garantías necesarias para una defensa adecuada.

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Desde entonces, aseguran, no se han incorporado elementos suficientes que permitan sustentar las acusaciones que pesan sobre él. Pero para sus allegados existe una preocupación adicional: su condición de discapacidad y el deterioro de su estado de salud durante el encarcelamiento.

Moya Alfaro requiere atención médica especializada para el cuidado de su muñón, además de seguimiento por problemas cardiovasculares. Las condiciones de reclusión y la falta de atención adecuada han agravado su situación, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta efectiva de las instituciones responsables.

La familia cuestiona que una persona con discapacidad permanezca privada de libertad sin que se hayan garantizado las condiciones necesarias para proteger su integridad física, su salud y su derecho a una tutela judicial efectiva.

“¿Dónde están los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela cuando la realidad los borra del mapa?”, se preguntan sus parientes. Ellos consideran que el caso de Moya Alfaro evidencia la necesidad de una protección reforzada para las personas con discapacidad bajo custodia del Estado.

Para la familia, garantizar atención médica, integridad física y acceso efectivo a la defensa no puede quedar sujeto a decisiones discrecionales.