Abogados exigen revisión del sistema judicial y concursos para jueces y fiscales

Un grupo de abogados del Frente Nacional de Abogados se concentró este 17 de agosto en el Palacio de Justicia de Carabobo.

La intención fue exigir cambios en el sistema judicial venezolano.

Además de la revisión de decisiones judiciales y el cumplimiento de los procedimientos constitucionales para la selección de jueces y fiscales.

Los representantes gremiales, buena parte vestido con sus correspondientes togas, denunciaron una prolongada crisis en el área.

Según sus declaraciones, obedece a retrasos procesales, cuestionamientos a la designación de funcionarios y decisiones que consideran contrarias a la Constitución y las leyes.

Lino González señaló que estos problemas se han extendido durante años y que los retrasos procesales constituyen una vulneración del ordenamiento jurídico.

También cuestionó que se esté hablando de una reestructuración del Poder Judicial sin que, a su juicio, la sociedad organizada y el gremio de abogados conozcan suficientemente las conversaciones y los cambios que se estarían planteando.

El abogado sostuvo que la situación no puede limitarse a una modificación administrativa.

Esta debe servir para evitar que vuelvan a repetirse las irregularidades que han caracterizado al sistema judicial venezolano.

En ese contexto, denunció la intervención de aproximadamente 12 colegios de abogados en el país, entre ellos los colegios del Distrito Capital, Delta Amacuro, Lara y Carabobo.

Por ello, exigió que se cumpla la legislación que regula el funcionamiento de estas instituciones gremiales y que se permita la renovación de sus autoridades.

"Nosotros exigimos de manera inmediata que se dé cumplimiento a lo establecido en la ley para que nosotros podamos tener un colegio de abogados".

Piden concursos Noé Mujica, representante del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, planteó como una de las principales exigencias la revisión de quienes actualmente ocupan cargos de jueces y fiscales.

Según explicó, los funcionarios que no hayan sido seleccionados mediante los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes deberían cesar en sus funciones o colocar sus cargos a disposición.