Edmundo González exigió justicia para Fernando Albán tras llegada de su caso a la CorteIDH

Foto: Referencia Edmundo González Urrutia afirmó este martes 25 de agosto, que debe haber justicia y reparación en el caso del concejal opositor Fernando Albán, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) llevara el expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Por: lapatilla.com “Tiene que haber justicia.

La habrá, seguro que la habrá, en el caso de Fernando y de cada venezolano vulnerado.

Justicia y reparación”, escribió Edmundo González en su cuenta oficial de X, en referencia a la decisión de la Cidh sobre el caso.

La Cidh informó que el pasado 5 de agosto sometió ante la Corte IDH el Caso N.º 14.267, relacionado con la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial del dirigente opositor Fernando Albán, así como por las agresiones contra sus familiares y la falta de una investigación efectiva.

De acuerdo con el organismo interamericano, Albán, de 56 años, fundador de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador de Caracas, fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el aeropuerto de Maiquetía, tras regresar de Nueva York.

La Cidh concluyó que su detención fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración y que posteriormente fue torturado y ejecutado extrajudicialmente bajo custodia estatal.

LEE TAMBIÉN: Cidh llevó a la CorteIDH el caso de Fernando Albán y señaló al chavismo de ejecución extrajudicial La Comisión también determinó que el proceso penal abierto contra Albán vulneró garantías fundamentales y que las autoridades venezolanas no realizaron una investigación diligente sobre su muerte.

Asimismo, señaló que su detención estuvo relacionada con un móvil discriminatorio vinculado con su militancia política.

Por esa razón, la Cidh pidió a la Corte IDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado y disponga medidas de reparación integral para sus familiares, además de una investigación que permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.

El caso de Albán se remonta a octubre de 2018, cuando las autoridades venezolanas informaron que el dirigente había muerto en la sede del Sebin.

La versión oficial del régimen chavista, sostuvo inicialmente que se trató de un suicidio, mientras que sus familiares y abogados cuestionaron esa explicación y denunciaron irregularidades, torturas y una posible ejecución extrajudicial.

La declaración de Edmundo González se produce en un momento clave para el caso, que ahora deberá ser analizado por la Corte Interamericana.