El ciudadano que no aparece en las estadísticas digitales, por Roney Lima do Nascimento

Supongamos que cien personas necesitan realizar un trámite y cumplen sus requisitos.

Cuarenta consiguen iniciarlo por internet; treinta y ocho lo completan.

El portal anuncia una tasa de finalización del 95%.

La cifra es correcta.

También lo es que solo el 38% de quienes necesitaban el trámite lo resolvió por esa vía.

El ejemplo es hipotético, pero plantea una pregunta concreta: ¿qué ocurrió con quienes no llegaron a entrar? La expansión de internet permite que trámites como obtener un documento o solicitar una prestación se realicen sin desplazamientos ni horas de espera.

Esa es la promesa de la digitalización de los servicios públicos en América Latina.

Pero poner una gestión en línea no significa haberla puesto al alcance de toda la población que la necesita.

Los datos ayudan a dimensionar el desafío latinoamericano.

Según el IBGE , en 2025 en Brasil se utilizaba internet en el 95% de las viviendas particulares permanentes.

Para ese mismo año, el Inegi informó que el 78,3% de los hogares mexicanos tenía internet.

Son mediciones nacionales de acceso doméstico, no de capacidad para completar trámites.

Un hogar conectado no garantiza que cada integrante disponga de un dispositivo adecuado ni sepa utilizar una plataforma pública.

La Cepal insistió en junio de 2026 en la importancia de la conectividad significativa: no basta con una conexión, también importan su calidad, estabilidad y costo, además de los dispositivos disponibles.