A dos meses del terremoto, Provea advierte sobre militarización y crisis en vivienda, salud y educación #24Ago

Un informe presentado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) a dos meses del devastador doblete sísmico del pasado 24 de junio de 2026 con sismos de magnitud 7,2 y 7,5 y epicentros en Yaracuy y La Guaira ofrece un balance integral sobre la gestión de la emergencia, las pérdidas materiales y los desafíos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ( DESCA ).

El reporte oficial citado por la organización sitúa el saldo en 6.438 personas fallecidas , 86.358 heridas y 17.907 damnificados albergados en 107 campamentos transitorios .

Asimismo, se contabilizan 190 edificios colapsados y más de 10.000 viviendas catalogadas de alto riesgo en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y el Distrito Capital, con pérdidas físicas directas estimadas por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares .

Ante este panorama, si bien el Ejecutivo activó un Estado Mayor de emergencia y desplegó a miles de efectivos de seguridad y rescatistas, el documento de Provea advierte sobre los riesgos de una excesiva militarización y securitización en las zonas afectadas, señalando que la falta de coordinación civil puede obstaculizar la ayuda humanitaria y el tránsito de cuerpos de socorro. Por esta razón, se recomienda priorizar mandos técnicos en la gestión de riesgos y la reconstrucción.

En cuanto a las garantías fundamentales, la organización destaca cuatro áreas críticas . En primer lugar, urge atender la situación de la vivienda mediante subsidios y fondos de reconstrucción, garantizando los derechos de los propietarios privados y exigiendo investigaciones sobre las responsabilidades técnicas en desarrollos habitacionales públicos afectados.

En segundo término, se aboga por flexibilizar el sector educativo a través de planes de contingencia centrados en el apoyo socioemocional para los estudiantes de las cientos de escuelas dañadas.

Igualmente, la paralización económica en el Litoral Central requiere de alivios fiscales y el respaldo a la producción para proteger las fuentes de empleo, al tiempo que en el ámbito sanitario resulta prioritario asegurar el suministro de agua potable y la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas.

El informe de Provea concluye exhortando al Estado a articular esfuerzos con la sociedad civil y a mantener la transparencia institucional en el uso de los fondos destinados a la recuperación del país.

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