Abogados de DDHH: Detenciones de 2026 buscan disfrazar causas políticas con delitos comunes

Pese al discurso oficial de apertura y a las excarcelaciones anunciadas tras los hechos del 3 de enero, al menos 30 personas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela durante 2026, mientras más de 400 continúan encarceladas.

Para los defensores de derechos humanos Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), y Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, estas cifras reflejan un cambio táctico en el aparato represivo del Estado.

Ambos abogados coinciden en que el poder sustituyó las redadas masivas de años anteriores por arrestos selectivos contra ciudadanos sin militancia partidista, líderes gremiales y activistas en las regiones del país, combinados con excarcelaciones condicionadas y la fabricación de expedientes por delitos comunes para no afectar su imagen internacional.

Para Martha Tineo, el país asiste a un ciclo de alternancia punitiva en el que el Estado concede liberaciones por lotes para alimentar una narrativa de apertura ante la comunidad internacional, al tiempo que ejecuta detenciones quirúrgicas y de baja visibilidad mediática.

Estos operativos se concentran ahora en estados como Zulia, Lara, Carabobo, Bolívar y Táchira, donde el cerco de censura es más severo, y apuntan contra dirigentes sindicales de gremios como el de educación, salud, las empresas básicas, defensores comunitarios y usuarios cuyas denuncias por fallas en los servicios se vuelven virales en redes sociales.

“El objetivo ya no es únicamente el encarcelamiento masivo de larga duración, sino la imposición de un clima permanente de autocensura y vulnerabilidad.

Con esta dinámica, el poder busca transmitir que ninguna ronda de negociación o discurso de distensión implica un cheque en blanco para la ciudadanía”, advirtió en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

Por su parte, Kelvi Zambrano coincide en que el blanco principal de estos arrestos son los ciudadanos de sectores populares y de clase media que no integran partidos políticos ni ONG, pero que salen a protestar de forma autónoma por el colapso de los servicios públicos y el deterioro económico.

“Quieren enviar un mensaje de temor y control social a esos sectores para evitar levantamientos autónomos que generen un impacto mediático mayor, cuidándose de que no los categoricen como violadores de derechos humanos”, señaló el abogado.

Expedientes por drogas e intimidación exprés Para evitar el costo político de sumar nuevos presos de conciencia ante los organismos internacionales, el sistema judicial comenzó a camuflar las detenciones políticas bajo figuras delictivas ordinarias.