Alquilar en Florida después del TPS: qué puede pedir el arrendador y qué protege la ley

Imagen referencial Con el vencimiento del TPS el 2 de octubre, miles de venezolanos que alquilan vivienda en Florida se preguntan qué puede exigirles el dueño del apartamento al momento de renovar el contrato o de buscar uno nuevo.

En el sur del estado ya hubo arrendadores que cerraron la puerta a familias con estatus temporal, y la ley les pone límites que conviene conocer.

El antecedente más citado viene de Doral .

En septiembre de 2025, Fortune reportó, con base en una investigación de The Wall Street Journal , que propietarios de edificios de apartamentos de la zona estaban rechazando a familias con permisos migratorios temporales.

En Doral, donde cerca de 40% de la población es venezolana, la tasa de viviendas desocupadas había subido de 5,6% a 6,5% en pocos meses, por encima del 4,3% de las comunidades vecinas.

Los agentes inmobiliarios atribuían el aumento a venezolanos que se iban por miedo a perder su protección.

Qué protege la ley La Ley de Vivienda Justa federal ( Fair Housing Act ), aprobada en 1968 como parte de la Ley de Derechos Civiles, prohíbe discriminar en la venta o el alquiler de vivienda por raza, color, religión, sexo, situación familiar, discapacidad y origen nacional .

Florida tiene su propia versión.

El artículo 760.23 de los Estatutos de Florida declara ilegal negarse a alquilar, negociar o mostrar una vivienda por origen nacional, ofrecer condiciones distintas por ese motivo, publicar anuncios que expresen preferencias de ese tipo o decirle a alguien que un apartamento no está disponible cuando sí lo está.

Ninguna de las dos leyes menciona el estatus migratorio como categoría protegida.

Lo que prohíben es la discriminación por origen nacional.

Por eso el debate entre abogados se concentra en dónde termina la evaluación legítima del inquilino y dónde empieza el trato diferente por ser venezolano.

Dos abogados, dos lecturas En la nota de Fortune, el abogado Gregory Vincent , de Columbus (Ohio) y exdirector regional de asuntos legales de la Comisión de Derechos Civiles de ese estado, sostuvo que rechazar a un posible inquilino por sospechar que no es ciudadano violaría la ley de derechos civiles, y que los afectados podrían reclamar daños punitivos.

Para Vincent, el arrendador tiene derecho a pedir número de Seguro Social, situación laboral e historial de crédito, porque son datos que sirven para saber si la persona puede pagar.