México necesita una nueva reforma fiscal territorial

México discute cómo acelerar el crecimiento, aprovechar la relocalización productiva, construir infraestructura y fortalecer el mercado interno.

Sin embargo, existe un problema del que se habla mucho menos: queremos impulsar el desarrollo regional con gobiernos estatales y municipales que tienen una capacidad fiscal extraordinariamente limitada.

Ésta es una de las grandes contradicciones del modelo económico mexicano.

Buena parte de las nuevas demandas de infraestructura se materializan en los territorios: agua, movilidad, vivienda, seguridad, parques industriales, vialidades, transporte público, tratamiento de residuos y adaptación al cambio climático.

Pero los gobiernos responsables de atenderlas dependen, en gran medida, de recursos transferidos por la Federación.

El resultado es un federalismo político que no ha logrado convertirse plenamente en un federalismo fiscal.

Durante décadas construimos un sistema en el que el gobierno federal concentra las principales fuentes tributarias, mientras estados y municipios dependen de participaciones y aportaciones.

En numerosos municipios, las transferencias representan más de cuatro quintas partes de sus ingresos.

Esta dependencia reduce los incentivos para desarrollar capacidades tributarias propias y limita la planeación de largo plazo.

El caso más evidente es el impuesto predial.

México recauda por esta vía una proporción muy reducida de su producto en comparación con otros países.

El problema resulta particularmente paradójico porque durante las últimas décadas se produjo una enorme expansión del valor inmobiliario en las principales ciudades mexicanas, pero esa creación de riqueza territorial no se ha traducido proporcionalmente en mayores recursos para financiar a las propias ciudades.

Tenemos ciudades cada vez más caras, pero municipios fiscalmente débiles.

La explicación está en catastros desactualizados, subvaluación de propiedades, baja digitalización, debilidad administrativa y, sobre todo, el costo político que representa actualizar los valores catastrales.