Silvano Aureoles presenta queja por nuevo peritaje sobre presunta falsificación de firma; busca frenar orden de captura
Silvano Aureoles Conejo , exgobernador de Michoacán, prófugo de la justicia, promovió una queja ante un Tribunal Colegiado luego de que una juez ordenó a la FGR designar un nuevo perito en grafoscopía para determinar si se falsificó su firma en el amparo que interpuso desde abril de 2025 para frenar su arresto por delitos de corrupción .
Desde hace meses, el juicio de amparo del experredista se encuentra estancado, debido a que aún no se resuelve si se falsificó su firma en los documentos del juicio de amparo que tramitó contra su captura por el desvío de mil 52 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles para la Policía Estatal de Michoacán.
En acuerdo del 30 de septiembre, Viridiana Berenice Quiroz, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, revocó al perito designado para la diligencia en el incidente de falsedad de firma promovido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior, porque el especialista de referencia no elaboró el dictamen pericial en materia de grafoscopía conforme a lo establecido en los cuestionamientos formulados dentro del incidente.
Y a su vez, dio un plazo de tres días al Coordinador General de Servicios Periciales de la FGR, para que dentro del término de tres días, designe diverso perito en materia de Grafoscopía, a fin de estar en posibilidad de llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial relacionada con el incidente de falsedad de firma.
Ante ello, Aureoles Conejo tramitó una queja que fue turnada al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Primer Circuito, para su tramitación.
La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, un daño al erario estatal por mil 52 millones 222 mil 490 noventa pesos, en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal.
El experredista está acusado de los delitos de peculado, administración fraudulenta , operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
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