Denuncia y advertencia

Un nuevo frente comienza a abrirse dentro del Poder Judicial de la Federación.

Versiones que circulan en el ámbito judicial apuntan a que Néstor Vargas, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), estaría impulsando, junto con Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que tendrían como efecto ampliar o facilitar su permanencia en las presidencias que actualmente ocupan.

La reforma judicial constitucional estableció un nuevo diseño para el Poder Judicial y fijó las bases conforme a las cuales deben ejercerse y renovarse sus órganos de dirección.

La legislación secundaria debe reglamentar esas disposiciones, pero nunca utilizarse para alterar o socavar aquello que deriva del mandato constitucional.

Cosa que en la ‘4T’ es costumbre.

Dicho de otra manera: no puede reformarse una ley para contradecir o darle la vuelta a la Constitución.

La maniobra resulta especialmente delicada en el caso de la Suprema Corte –inhale y exhale– , pues el nuevo diseño prevé una presidencia que se rota de tiempo en tiempo y existe una norma constitucional que está contrapuesta a otra del mismo rango y que permite renovar la presidencia de la Corte conforme a los resultados de la elección judicial.

En este escenario, la sucesión colocaría como próxima presidenta de la Corte a la ministra Lenia Batres, quien obtuvo el segundo lugar en la votación y que para nada ha escondido su ideología, prejuicios y ferocidad en contra de los empresarios y todos aquellos que no estén alineados con la parte más radical del “movimiento” y/o los intereses de su hermano Martí. ¿No les basta ese frente? Fuentes de primera mano nos dicen que Néstor Vargas también tiene interés en asegurar su continuidad al frente del OAJ, organismo que administra una parte fundamental de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial, además de controlar las adscripciones e integraciones de los juzgados y tribunales federales .

O sea, controlan el dinero y la estabilidad familiar y laboral de jueces y magistrados.

Tienen el poder de mandar de un plumazo a un juez rebelde de Guadalajara a Nuevo Laredo.

Y esta discusión llega, por lo mismo, llena de cuestionamientos.

Es de psiquiatra cómo aspiran a cargos temporales y lo primero que buscan es cómo quedarse más allá de lo que la ley permite.

Desde su instalación, el OAJ ha estado rodeado de versiones sobre enfrentamientos internos, movimientos de personal, ascensos cuestionados y una creciente concentración de poder alrededor de su presidente.

Ahí está, por ejemplo, lo ocurrido en el área de la consejera Catalina Ramírez Hernández.