Agentes de la CIA “operaron armados en Chihuahua”; expediente señala que participaron en despliegue táctico

Las entrevistas ministeriales integradas en el expediente de la causa penal 408/2026 de la Fiscalía General de la República ( FGR ), radicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez , Estado de México, permitieron librar orden de aprehensión por el delito de traición a la patria en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno , y del exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo .

De acuerdo con las constancias ministeriales e informes periciales forenses contenidas en el documento, y a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL , la estructura de justicia de Chihuahua sí operó un campamento táctico con agentes de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA ) d e Estados Unidos al margen de la ley federal.

Los testimonios de los agentes que operaron en el rancho El Pinal confirman que los agentes extranjeros Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black no fungieron como observadores pasivos, sino como partícipes de la célula táctica armada.

El agente Ricardo Faustino Campos Ocón testificó bajo juramento que, al ser instruido para guiar dos unidades de escoltas para documentar la escena del narcolaboratorio , observó a las personas que acompañaban al jefe Oseguera y que “hablaban en un idioma extranjero, el cual identificó como inglés”.

Señaló, además, que los extranjeros salieron integrados en el convoy desde la cochera de la fiscalía en Chihuahua capital.

No pidieron un ride en la sierra, como lo señaló la fiscalía local inicialmente.

Por su parte, el policía adscrito al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Martín Abad Leal Tapia , sostuvo que los agentes norteamericanos participaron activamente en las caminatas tácticas, portaban armas largas, usaban pasamontañas, consultaban coordenadas en tabletas electrónicas y coordinaban directamente con el director de la AEI.

“Había dos personas que siempre estaban encapuchadas y no hablaban para nada, ninguna palabra decían y estaban en un lugar apartado del campamento de los demás.

Nosotros no teníamos acercamiento con Oseguera y su equipo, ni nos permitían acercarnos...” Respecto del operativo, el dictamen de la Policía Federal Ministerial en materia de Criminalística de Campo, signado por la licenciada Araceli Bravo González, el 11 de septiembre de 2026, concluye de forma tajante que el operativo carecía de cualquier formalidad legal.

Textualmente asentó que el despliegue de las fuerzas estatales y los agentes de la CIA “no contaban con fundamento alguno que justificara su actuación, ya que no hay dato que refiera que existía carpeta de investigación iniciada, y/o alguna diligencia que facultara o explicara la necesidad de la actuación del personal para el citado operativo”.