Derechos atrapados en una pantalla
Hay palabras que suenan bien en un discurso.
Inclusión.
Justicia social.
Protección de los vulnerables.
El Gobierno las pronuncia con frecuencia cuando habla de personas mayores, dependencia o discapacidad.
Sin embargo, la verdadera prueba de una política pública no está en las declaraciones, sino en las normas que aprueba.
Hoy, 1 de septiembre, entra en vigor la Orden ISM-541/2026, que amplía la obligación de recibir notificaciones electrónicas de la Seguridad Social a personas en incapacidad temporal y a quienes tramitan procedimientos relacionados con incapacidad permanente.
Sobre el papel, se presenta como un avance en eficiencia y modernización .
En la práctica, corre el riesgo de convertirse en una barrera más para quienes ya acumulan demasiadas.
La Administración parece dar por hecho que todos disponen de medios digitales, conexión a internet y conocimientos suficientes para desenvolverse en una sede electrónica.
Pero la realidad social es otra.
Hay personas mayores que nunca han utilizado un certificado digital.
Personas con discapacidad visual, intelectual o cognitiva para quienes acceder a una notificación no es un trámite sencillo.
Personas dependientes, enfermas o con tratamientos complejos que bastante tienen con superar su situación como para vigilar constantemente un buzón electrónico.
5News agregó este resumen a partir del feed público del medio. La nota completa, con todo el contexto, está en www.20minutos.es — el contenido pertenece a 20 Minutos Nacional.
