Dejen en paz a Maricarmen

El caso de Maricarmen ha terminado convirtiéndose en una paradoja política en la que el PSOE pretende hacer bandera electoral de una tragedia que cuestiona la capacidad de las instituciones para proteger a los más vulnerables.

Las intervenciones de María Jesús Montero en los últimos días -sobre todo la de Dos Hermanas, abriendo la precampaña-, resumen esa contradicción.

El Gobierno busca presentarse como solución a un problema que, precisamente, ha creado durante su gestión.La vivienda, la vulnerabilidad y la injusticia social son asuntos demasiado serios para reducirlos a consignas.

Maricarmen representa un drama humano que interpela a toda la sociedad y, especialmente, a unas instituciones creadas para proteger a quienes más lo necesitan.

Por eso, antes de convertir su historia en bandera, convendría que nos explicaran qué se podía haber hecho para evitar el desenlace.Sin embargo, el PSOE prefiere situar el foco, una vez más, en la confrontación con sus adversarios.

Que la responsabilidad del Gobierno se disuelva entre reproches parlamentarios y llamamientos a la movilización social, como siempre.

Como si gobernar consistiera únicamente en aprobar medidas y denunciar a quienes las rechazan, y no en construir acuerdos, anticiparse a los problemas y ofrecer resultados.Es cierto que las políticas de vivienda dependen de múltiples administraciones y decisiones.

También lo es que la oposición tiene responsabilidades cuando sus votos resultan determinantes.

Pero esa complejidad no puede servir de coartada a quien ejerce el poder.

La intervención de Montero en Dos Hermanas tiene un significado que va más allá de la anécdota.

En un escenario de especial valor simbólico para el socialismo andaluz, la dirigente transforma un caso concreto en emblema político y sitúa al PSOE del lado de quienes reclaman justicia.

La pregunta incómoda es por qué esa capacidad de movilización no se traduce, con la misma eficacia, en soluciones tangibles.Porque las palabras pueden denunciar una injusticia, pero no repararla.

Los discursos no sustituyen a una política eficaz, ni los decretos garantizan por sí solos que los ciudadanos encuentren respuestas cuando las necesitan.

La credibilidad de un Gobierno está en la distancia entre lo anunciado y lo conseguido.