La Justicia sentencia que no es delito acusar en una red social a un alcalde de «enchufar a amigotes»

Acusar en redes sociales a un alcalde de «saquear» las arcas públicas y «enchufar a sus amigotes» a costa de los contribuyentes no es un delito de calumnias, sino un ejercicio amparado por la libertad de expresión de quienes ejercen, con mayor o menor acierto, la crítica hacia quienes ostentan el poder.

Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Cádiz, que ha desestimado un recurso del alcalde de La Línea de la Concepción, Juan José Franco (del partido municipalista La Línea 100x100), y confirmado el archivo de su querella contra un adversario político.

La Sección Séptima de la Audiencia gaditana con sede en Algeciras establece en una sentencia dictada el pasado 9 de febrero, consultada por ABC, que el Código Penal no debe utilizarse para castigar la disidencia política en internet, aunque se trate de afirmaciones que a su destinatario le parezcan provocadoras, ofensivas o completamente «falsas».Franco, que se convirtió en el alcalde más votado de toda España en las elecciones municipales de 2023, y otros dos miembros de su equipo de gobierno impugnaron el archivo de su denuncia acordado previamente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad campogibraltareña alegando que el investigado, perteneciente a una formación política rival, cruzaba todas las líneas rojas del debate democrático empleando expresiones « totalmente calumniosas ».

A su juicio, el mensaje publicado en una conocida red social les estaba imputando de forma velada delitos gravísimos como tráfico de influencias, prevaricación por contratación irregular y malversación de caudales públicos.

Insistían en que el comentario había sido leído por «muchísimas personas», lo que multiplicaba el daño causado a su imagen pública.

El delito de calumnia, que a su juicio debería aplicarse al autor de la publicación, puede acarrear penas de entre seis meses y dos años de prisión.Un incendiario mensaje, origen del litigioEl detonante de este conflicto es un incendiario comentario difundido en redes sociales que apuntaba a una supuesta gestión corrupta por parte del equipo de gobierno.

El texto íntegro que los recurrentes consideraron delictivo rezaba así: «Los linenses sufrimos un SAQUEO CONTINUADO por parte de este Ayuntamiento, a través de los impuestos más altos del Campo de Gibraltar, para gastar en obras de mierda, con dudosas terminaciones, malas calidades y con sobrecostes de más del 50 por ciento sobre el inicial presupuestado.

No es de extrañar que tengamos concejales que en el 2015 no tenían ni una propiedad y hoy llegan a tener hasta cinco, que se sepa, y con sueldos de alcalde y concejales más caros [...] Además, con un enchufismo desmedido de amigotes , colocados a costa de nuestros impuestos.