El Gobierno de Ayuso rechazó dejar constancia de las aportaciones de los expresidentes a sueldo

El Estatuto de expresidentes, aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en julio de 2025, está generando múltiples dolores de cabeza a la Comunidad de Madrid.

Desgranando el contenido, ha quedado constatado que la baronesa del Partido Popular (PP) ha sacado adelante una norma con la que podrá seguir cobrando un sueldo a cargo de los ciudadanos hasta 14 años después de dejar sus responsabilidades públicas y que devuelve a sus predecesores la capacidad de cobrar decenas de miles de euros anuales por un supuesto asesoramiento.

El Estatuto que vio la luz el verano pasado, cuando la mayoría de focos estaban lejos de la actualidad política, recupera las labores que antaño podían desempeñar los exlíderes regionales en Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que fue disuelto en 2015, en favor de la Comisión Jurídica Asesora (COJA).

Esto significa que los expresidentes que cumplan determinados requisitos podrán desempeñarse como vocales electivos en el órgano, a cambio de hasta 750 euros por cada asistencia a una reunión y pese a que se desconoce su aportación real.

Las aportaciones al órgano de figuras como Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, quienes actualmente cumplen los requisitos para convertirse en vocales, podrían ser fácilmente incluidas en las actas de las reuniones.

Es más, la propia Oficina de la Calidad Normativa de la Comunidad de Madrid propuso que sus intervenciones relacionadas con leyes en tramitación y conflictos administrativos se recogiesen, con la intención de conocer sus postulados y evitar posibles conflictos de intereses.

Pero desde el Gobierno de Ayuso, como ha publicado El País, se rechazó dotar de dicha trazabilidad al organismo.

La razón no puede ser que la Comunidad crea que las intervenciones de los expresidentes son de escaso valor, pues ha sido el propio PP, que cuenta con mayoría absoluta, quien se ha empeñado en recuperar su figura.

En consecuencia, detrás de esta decisión de que se desconozcan las intervenciones por las que cada antiguo mandatario cobra una importante cuantía puede encontrarse desde lo irrelevante de sus pronunciamientos hasta posibles conflictos de intereses con las actividades privadas que desempeñan en la actualidad, ellos o sus familiares directos.

Quizá la explicación para rechazar la recomendación del propio órgano madrileño que supervisa la Calidad Normativa sea otra, pero se desconoce.

"Para integrar la nueva figura de los vocales electivos en los trabajos de la Comisión Jurídica Asesora, se sugiere valorar incluir, expresamente, en el nuevo capítulo VII del reglamento la previsión la posibilidad de que su opinión quede, o no, reflejada en sus actas", exponía el informe de la Oficina.