Exteriores y el Supremo pugnan por la suspensión del voto a los nietos del exilio a la espera de la decisión del Constitucional

La suspensión del derecho a voto de cientos de miles de personas residentes en el exterior, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, sigue sumando actores a la pelea legal.

El Gobierno considera incomprensible la decisión del Tribunal Supremo de limitar el sufragio a los nietos del exilio y, con el Ministerio de Exteriores desplegando todos sus recursos para cumplir con los parámetros decididos por la Justicia, el Tribunal Constitucional, que se pronunciará en los próximos días, será quien tenga la última palabra.

El Supremo ha mandatado la revisión individual de los 163.020 expedientes de personas residentes en el exterior que recibieron la nacionalidad gracias a la ley de nietos, que ya ha desplegado sus efectos en las anteriores citas electorales, pues fue aprobada en octubre de 2022.

Esto obliga a los ciudadanos a conseguir una certificación personal, a través de los registros consulares, que justifique que cumplen los requisitos contemplados en la ley para ejercer su derecho a voto.

El principal problema son los tiempos.

El Alto Tribunal dio esta orden hace escasas semanas y desde Exteriores aseguran que es imposible desplegar la orden en su totalidad, pese a haber puesto todos sus recursos a disposición de esta materia.

Diferentes instancias, como la Abogacía del Estado, ya advirtieron, nada más conocer la decisión, de la incapacidad de dar cumplimiento a lo solicitado.

En consecuencia, se espera que un gran número de personas no puedan participar de los comicios, lo que derivará previsiblemente en una larga batalla legal y en la impugnación de los resultados.

El departamento dirigido por José Manuel Albares está trabajando conjuntamente con todas las instancias para recopilar los datos necesarios para los censos.

Decenas de consulados ya han aportado la información, pero la suma está muy lejos de cubrir a la totalidad de interesados.

A la par, siguen llegando los recursos de alegaciones contra la decisión del Supremo, entre la que destaca la del Defensor del Pueblo, que presentó la pasada semana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse próximamente.

Ángel Gabilondo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita medidas cautelarísimas tras "haber recibido diversas peticiones de particulares y entidades", "para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo" en las generales.

Así, el Defensor del Pueblo actúa en cumplimiento de la ley que le permite acudir al Tribunal garante de la Carta Magna si considera que se han producido "violaciones de los derechos y libertades" que "tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial".