La Guardia Civil suspende seis meses al teniente coronel investigado por la trama del prostíbulo Vive Madrid
El teniente coronel está destinado en la Jefatura de Extranjería y Fronteras y la Audiencia Nacional le retiró el pasaporte tras ser investigado por el blanqueo de capitales procedente de la organización de explotación sexual dirigida presuntamente por su pareja La Audiencia Nacional investiga a un mando de la Guardia Civil en un caso contra el prostíbulo Vive Madrid El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
J.
L.
G.
M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.
Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil.
Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes.
Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales.
Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional.
La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales.
Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja.
Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón.
Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades.
La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.
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