Una ley redactada para sentar en el banquillo a cuatro policías

En vísperas del noveno aniversario del referéndum del 1-O , cuatro policías nacionales se sientan en el banquillo para afrontar el único juicio por el dispositivo que trató de impedir aquella votación declarada ilegal.

Pero, tal y como recordaba a las acusaciones el presidente del tribunal al poco de arrancar la vista , este juicio no versa sobre el conjunto o idoneidad de aquel despliegue, sino sobre una concreta actuación: en la que un activista, Roger Español , perdió un ojo tras recibir el impacto de una pelota de goma.

A diferencia de otros funcionarios que también fueron investigados, los ahora acusados, un 'bocachero' y tres mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), sabían que acabarían procesados antes de que se emitiese el preceptivo auto, y lo sabían porque la ley de amnistía contempla como excepción a su aplicación aquellos actos dolosos que hubieran producido la pérdida o inutilidad de un órgano, miembro o sentido.

En la elaboración de dicha norma, fruto del acuerdo de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas para lograr su investidura, participaron equipos del PSOE, ERC y Junts; y el partido de Carles Puigdemont incluyó esa excepción en todos sus textos, uno de cuyos redactores, fue, precisamente, el abogado del 'expresident', Gonzalo Boye.En cambio, de la medida de gracia sí se benefició Español -que en 2019 encabezó la lista de JxCat al Senado por Barcelona- tras ser procesado por atentado contra la autoridad por sus acometidas con vallas metálicas contra el cordón policial durante la jornada de votación, en los alrededores de la escuela Ramon Llull, en la calle Cerdeña de la capital catalana.

Esta semana, durante su testifical, el activista aseguró ante el tribunal que el disparo del proyectil de goma que recibió en la cara el 1-O fue una «represalia» de la Policía porque, minutos antes, él había intentado evitar que un agente recuperase su porra.

Una afirmación que busca acreditar el dolo necesario para que los cuatro funcionarios queden excluidos del olvido penal, y es que solicita para cada uno de ellos 13 años de prisión por lesiones y torturas .

Será durante la próxima sesión del juicio, con la prueba pericial, cuando la defensas tratarán de acreditar que la escopeta de balas de goma que emplean los antidisturbios de la UIP no permite seleccionar un objetivo, tal y como ya detallaron los funcionarios que desfilaron por la sala, en calidad testigos.

El protocolo fija que los proyectiles deben dispararse contra el suelo, para que a través de ese rebote pierdan gran parte de su energía cinética, con la intención de dispersar a una masa violenta sin causar lesiones graves.