En Zaragoza, una inquilina dejó de pagar el alquiler, se hizo okupa y consiguió que la propietaria le pagara 1.000 euros de agua

María Marcuello llevaba 15 años viviendo en un piso de la calle Eugenio Lucas, en Zaragoza.

Se mudó a Barcelona por motivos personales y decidió alquilarlo por unos 600 euros al mes .

Todo fue bien hasta noviembre de 2024: la inquilina, identificada como M.C.S.R., dejó de pagar y se convirtió en okupa de la noche a la mañana.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Zaragoza ha ordenado ahora el lanzamiento judicial del inmueble para el próximo 9 de octubre, tras casi dos años de pleitos y un agujero enorme en facturas no abonadas.

La pesadilla logística.

Varios medios apuntan a que la inquilina llegó a tener ingresos superiores a los de la propietaria, pero decidió no destinarlos al alquiler.

Hasta que dejó los grifos abiertos: la factura de agua ascendió a casi 1.000 euros y se cargó directamente contra la propietaria, que sigue siendo titular del suministro.

Sumado al alquiler impagado, la deuda total ronda ya los 15.000 euros.

Al parecer, María no ha visto ni un céntimo desde hace casi dos años.

Lo que dice la ley.

La okupación no es un delito .

Lo que sí es, según el Código Penal, es la usurpación de bien inmueble, artículo 245.2, penado con multa de tres a seis meses por tratarse de un delito leve.

Desde el 2 de enero de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 reformó la Lecrim para derivar estos casos —junto al allanamiento de morada, es decir, invadir sin consentimiento el lugar primario donde moras — hacia diligencias urgentes, en vez del procedimiento de delitos leves.

El objetivo de estos cambios era acelerar el desalojo en primeras viviendas.