Perelló ve las "descalificaciones" a jueces como "instrumentos de presión" y pide lealtad institucional al Gobierno

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo , Isabel Perelló , ha aprovechado su discurso en el acto de apertura del año judicial para lanzar un mensaje al Gobierno, al cargar contra las acusaciones de " lawfare " y las "descalificaciones" a jueces por parte de los "poderes públicos", las cuales, a su juicio, funcionan como un "instrumento de presión".

Desde el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, y en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, Perelló ha reclamado "lealtad institucional" y respeto a la carrera judicial.

Las palabras se enmarcan en un contexto de tensión entre Poder Ejecutivo y Judicial, un clima que ha marcado toda la legislatura, desde la aprobación de la amnistía hasta la investigación judicial sobre lo sucedido en Ceuta a finales de julio.

En los últimos años se han sucedido las críticas desde el Gobierno a distintos jueces y resoluciones judiciales , especialmente en la causa contra Begoña Gómez, el caso del hermano de Pedro Sánchez o el que culminó con la condena del fiscal general del Estado.

"En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones", ha referido la presidenta.

A continuación ha expresado que estas imputaciones tienen una "extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva ".

Tal y como ha expresado, Perelló considera que "una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de Derecho".

Por ello, ha querido citar al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, y advertir de que "cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio ".

Las críticas a las actuaciones concretas de jueces concretos son más graves cuando "proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales".

Así lo ha precisado Perelló, y llegado ese punto se ha dirigido directamente a "los poderes Ejecutivo y Legislativo ".

Cuando estos comentan decisiones judiciales "deben evitar las críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la Justicia", ha citado a los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho.

Ya en sus propias palabras, ha reivindicado que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.