Un policía lleva ante el juez al delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla por un día de asuntos propios

Un litigio de régimen interno motivado por la denegación de un día de asuntos propios ha traspasado el ámbito administrativo para aterrizar en la vía penal.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, comparecerá ante el juzgado instructor tras la denuncia interpuesta por un agente de la Policía Local al que se le detrajo una jornada de sueldo por ausentarse de su puesto sin contar con la preceptiva autorización municipal.El origen del litigio radica en las fricciones continuadas entre el funcionario y su superior inmediato en la unidad.

Tras solicitar el permiso laboral y no recibir autorización -alegando el agente falta de respuesta en plazo-, decidió no personarse en su turno de servicio.

La ausencia motivó el correspondiente informe del mando directo y la consecuente deducción retributiva por la jornada no trabajada.En lugar de dirimir la sanción en la jurisdicción contencioso-administrativa, cauce natural para dirimir disputas sobre cuadrantes y nóminas, el policía formuló una querella penal denunciando una supuesta actuación arbitraria de su superior directo y del delegado de Seguridad, no así del jefe de la Policía Local.

Esto ha hecho que el juzgado abra una investigación contra los dos denunciados por presunta prevaricación.Según han señalado fuentes municipales a ABC, la detracción salarial siguió el circuito administrativo habitual: emitido el parte por el mando de la unidad, el trámite pasó por la jefatura del cuerpo -que no audita de forma pormenorizada las nóminas individuales-, fue validado por el jefe de servicio correspondiente y elevado por el delegado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación reglada.

Estas fuentes afirman que Ignacio Flores ni conocía al agente ni intervino en la confección de sus retribuciones, aunque tendrá que acudir al juzgado como responsable político.La incoación de diligencias obedece a la inercia procesal de los juzgados, que tienden a abrir trámite para blindarse frente a posibles recursos ante instancias superiores que dilaten las actuaciones.

En el Ayuntamiento creen que la inexistencia de dolo y el carácter reglado del acto sitúan la causa a las puertas del archivo.