Moreno Bonilla retira las ayudas públicas a Cruz Roja, Fundación Samu e Inserta por la "prioridad nacional" de Vox

"Reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo", así versa el punto 144 del acuerdo firmado por un Partido Popular liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla y los integrantes de la formación de Santiago Abascal en Andalucía.

Según se expone en este apartado, integrado dentro de lo definido como "gastos superfluos", tanto Manuel Gavira como el equipo del líder de los populares en la comunidad autónoma del sur de España deciden, tal y como entienden que debe hacerse ante lo señalado en este pacto, "detectar, identificar y eliminar cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación".

Así, las ONG de Cruz Roja, Fundación Samu e Inserta comienzan a sufrir las consecuencias de la "prioridad nacional" de Vox y una agresiva política contra la inmigración por la cual, por ejemplo, en el punto 12 se remarca un rechazo total a la acogida de Menores Extranjeros No Acompañados, al igual que se subraya que se suprimirán todas las subvenciones y ayudas a las entidades que, conforme lo acordado entre el PP y los de Abascal y a tenor de lo indican, "favorecen la inmigración ilegal y fomentan el efecto llamada".

Las condiciones que Vox impuso a Moreno Bonilla para concederle la llave de Gobierno de la Junta de Andalucía empiezan a hacerse cada vez más visibles.

La "prioridad nacional" de los de Abascal pasa a primera línea en esta región del sur del país, donde el Ejecutivo liderado por el político popular ha decidido suspender las ayudas públicas que, desde 2023, venía concediendo a estas tres organizaciones mencionadas, las cuales usaban estas partidas económicas que se les transfería para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar, de las cuales lamayoría resultaban ser inmigrantes.

Así lo mostraban las cifras y, por ello, la medida parece encontrar una justifcación a actuar de manera tan fulminante apenas unos meses después de conformarse el Gobierno andaluz.

En total, el Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar, que tal y como señaló a estas tres ONG la consejera de Servicios Sociales no será prorrogado, proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas, de tal forma que 132 plazas eran gestionadas por la Fundación SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta.

Según los datos, la población inmigrante venía siendo la que más reclamaba poder acogerse a este programa, siendo un 80% los que acudían a Inserta, un 60% los que se dirigían a SAMU y un 45% en Cruz Roja.