La UCO confirma un fraude masivo de fondos de formación para parados con el PSOE en Andalucía

En octubre de 2013, el entonces director general de Formación de la Junta de Andalucía, Carlos Cañavate, admitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una anomalía contable sin precedentes: el Gobierno autonómico del PSOE acumulaba 950 millones de euros en ayudas públicas pendientes de justificar y sin haber iniciado los expedientes de reintegro obligatorios.

Ahora, un atestado policial de 35 páginas al que ha accedido ABC concluye que este colosal agujero no fue fruto de la incompetencia administrativa, sino de una maquinaria orquestada por decenas de altos cargos y funcionarios bajo los gobiernos del PSOE andaluz —al menos entre los años 2009 y 2012— para repartir subvenciones millonarias de Formación Profesional para el Empleo burlando sistemáticamente los controles legales y aprobando nuevas ayudas sin la debida comprobación.El informe, que fue entregado el pasado 25 de marzo al magistrado que instruye el caso Formación en Andalucía, José Ignacio Vilaplana, confirma «la existencia de numerosas irregularidades en todas las fases del proceso»: la concesión, gestión y justificación de subvenciones públicas destinadas a formación profesional para el empleo, gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros organismos).

La investigación encargada en julio de 2020 por el juez de refuerzo del Tribunal de Instancia plaza número 6 de Sevilla al Grupo de Delincuencia Económica apunta a que, bajo los gobiernos del PSOE, operó una suerte de trama compuesta por unas 28 personas, entre gestores políticos y funcionarios , diseñada para hacer la vista gorda ante cualquier fiscalización de los fondos públicos destinados a impartir cursos de formación en la región con más parados de España.Esta dejación de funciones «permitió distribuir nuevos fondos entre aquellos beneficiarios que no habían completado la fase de justificación, bien por incapacidad de la Administración para ejecutar esa fase de justificación, bien porque no se presentaron los documentos justificativos , o bien porque se presentaron de manera inadecuada», sostiene el documento que reactiva la denominada causa política de formación.El nuevo informe de la Policía Judicial allana el terreno para procesar a los presuntos responsables del fraude justo antes de que el juez Vilaplana abandone el juzgado sevillano el próximo 7 de septiembre con destino a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Para sostener este flujo de capital hacia entidades morosas, la UCO detalla el uso sistemático de certificados de finalidad irreales y resoluciones de exceptuación carentes de motivación concreta, sorteando así todos los controles legales para seguir distribuyendo ayudas de forma ininterrumpida.