Quitad las manos de las urnas

Sea cual sea su recorrido judicial o legislativo, la llamada 'ley de nietos' ya ha conseguido ensombrecer de duda las próximas elecciones, cuyo resultado sufrirá la deslegitimación de los perdedores.

El proceso está ya irreversiblemente contaminado por la decisión gubernamental de inflar mediante un atajo administrativo poco ortodoxo el censo de ciudadanos españoles; la polémica ha viciado el desenlace y será inevitable que uno de los dos bandos lo cuestione.

Y aún puede ser peor si el método exprés de nacionalización masiva acaba legalizado con una enmienda 'pirata' en el Parlamento, o si el Tribunal Constitucional revoca el previsible fallo en contra del Supremo.

Cualquiera de las dos hipótesis, ambas verosímiles, degradará aún más la confianza en el Estado de derecho.

En su concienzuda destrucción de las instituciones básicas del sistema, Sánchez ha alcanzado la última frontera, la de una estructura electoral que durante medio siglo ha funcionado con precisión, eficacia y sobre todo con impecable limpieza.

Es tal la fortaleza de su diseño, con un escrutinio blindado a toda prueba, que el único modo de encontrarle una grieta es el de actuar sobre el cuerpo de votantes, y ahí se ha aplicado el Gobierno regalando nacionalidades a mansalva en una operación demasiado indiscreta para no levantar sospechas.

El problema es que ya no hace falta que la treta se consume; basta el barrunto razonable de una intencionalidad fullera para despertar el recelo sobre la alteración de las reglas.Incluso aunque la maniobra salga adelante es difícil que el sanchismo logre con ella dar la vuelta a las encuestas.

Lo grave de verdad es que ha proyectado la polarización a la médula misma del régimen democrático, a la definición del sujeto soberano, y dado pábulo a la discusión pública sobre la posibilidad de un pucherazo.

La intervención de los tribunales, en su esencial papel de árbitro, ha sido descalificada por los portavoces sanchistas como una especie de golpe togado en una reacción cuya exagerada virulencia parece ratificar la existencia de un 'animus decipiendi', una voluntad de engaño.

A estas alturas resulta muy difícil creer que toda la insólita movilización de los servicios diplomáticos obedezca a un diligente arrebato de preocupación por los descendientes de exilados.

A la vista de la escalada de corrupción institucional experimentada en el mandato sanchista no era difícil presentir una sacudida capaz de poner el tablero y la mesa patas arriba.

El emporcamiento de los comicios confirma los pronósticos más pesimistas: ni siquiera la sagrada intangibilidad simbólica de las urnas va a evitar la tentación de ponerles la mano encima.

Es el final coherente de una legislatura comenzada con un descomunal acto de simonía política como fue la ley de Amnistía.