El 60% de la sociedad opina que Puigdemont no debería ser amnistiado ni volver a España

Desde el pasado martes, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder independentista fugado de la Justicia que impulsó la celebración de un referéndum ilegal, puede regresar a España gracias al fallo del Tribunal Constitucional que borró el delito de malversación del 'procés'.

La mayoría progresista del órgano liderado por Cándido Conde-Pumpido aprobó la ponencia frente a las críticas del sector conservador, que acusó al TC de extralimitar sus funciones constitucionales e invadir de nuevo el rol del Tribunal Supremo.

Según el último barómetro de GAD3 para ABC, la mayoría lograda en el Constitucional para dar luz verde a la vuelta del dirigente fugado no representa a la sociedad española: el 61 por ciento cree que Puigdemont no debería tener derecho a ser amnistiado ni a regresar a España.El líder secesionista podría regresar en cualquier momento a España.

Como informó este diario, la imagen de Puigdemont en España —sin ser perseguido por la Justicia— podría darse a finales de octubre.

A pesar del fallo del Constitucional, Puigdemont no será la cabeza de cartel de Junts en los próximos comicios generales del 29 de noviembre.

Miriam Nogueras, vicepresidenta de la formación independentista y portavoz del grupo parlamentario, repetirá como número uno en la Cámara Baja.

El restante de la sociedad española, un 31 por ciento, un tercio, sí opina que el 'expresident' tiene derecho a regresar al territorio español gracias a la amnistía.En 2023, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, acordó con las fuerzas independentistas en el Congreso de los Diputados su apoyo a la investidura a cambio de la ley de amnistía.

Tras meses de debate, el Congreso de los Diputados aprobó en mayo con 177 votos a favor la norma que perdonaba los delitos vinculados al 'procés' cometidos entre 2011 y 2023.

Antes de la aprobación, durante la campaña del 23-J, Sánchez rechazó impulsar un proceso de indultos a los líderes independentistas. «No está en la Constitución, lo saca la derecha para asustar», llegó a declarar el líder del Ejecutivo durante esa campaña electoral.En julio de 2024, el Tribunal Supremo determinó que la malversación de caudales públicos, la utilización de fondos públicos indebidamente, no podía ser amnistiado.

Los magistrados argumentaron que la ley de amnistía excluía los delitos que supusieran un «enriquecimiento personal».

Interpretaron, por lo tanto, que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio patrimonial al utilizar fondos públicos para financiar un proceso independentista.

Rechazaron extinguir la causa.

Finalmente, el pasado martes, dos años después y ya con la legislatura terminada prematuramente, el TC corrigió al Supremo y se levantó la orden de detención a Puigdemont.