Vox presentará alegaciones al decreto de biometanización por sus «excepciones y ambigüedades»

Vox presentará un paquete de alegaciones al borrador del decreto de biometanización que tramita el Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que introduce un «coladero de ambigüedades» mediante coletillas como «siempre que sea posible» o «de forma excepcional», que, según denuncia, generan una «profunda inseguridad jurídica» y reservan la última decisión a la Junta.La formación considera que estas fórmulas abren la puerta a flexibilizar algunas de las condiciones establecidas para la implantación de las plantas y reclama que se fijen distancias suficientes respecto a núcleos urbanos y otros lugares especialmente sensibles para garantizar unas condiciones que considera necesarias para mantener un entorno saludable y seguro.Uno de los principales puntos de discrepancia se encuentra precisamente en las distancias.

Vox critica que estas instalaciones puedan situarse a 251 metros de captaciones de agua y embalses y advierte del riesgo que, en su opinión, esta proximidad puede representar para la contaminación de los acuíferos.También cuestiona las condiciones establecidas para los residuos derivados del proceso.

Según expone la formación, el borrador permite aplicarlos en suelos situados a un kilómetro de distancia de un pueblo, mientras que para la ubicación de la propia planta se establece una distancia de dos kilómetros.Las alegaciones abordarán igualmente los criterios utilizados para determinar el alejamiento respecto a los cascos urbanos.

Vox sostiene que el texto no tiene en cuenta el cálculo de los vientos dominantes para establecer las distancias y considera que tampoco ofrece suficiente protección frente a los olores a viviendas aisladas , establecimientos hosteleros y alojamientos de turismo rural, para los que denuncia además la ausencia de compensaciones.«Falta de transparencia»Otro de los aspectos cuestionados es la información sobre los residuos tratados en las instalaciones.

Vox acusa al Gobierno regional de falta de transparencia al entender que el recurso al «secreto industrial» puede impedir conocer el volumen y el origen de esos residuos y dificultar la fiscalización por parte de los grupos políticos.La formación rechaza asimismo que determinadas labores de custodia y control puedan recaer en empresas externas y reclama que las inspecciones sean cien por cien públicas , al considerar que corresponde a la Administración regional mantener la tutela ambiental sobre estas instalaciones.Vox pone además el foco en las excepciones que, según denuncia, podrían introducirse mediante figuras como la declaración de Proyecto Prioritario , la declaración de Interés Regional o los Planes de Singular Interés.