España, 2084

El 16 de octubre de 2084, Félix Buitrón recibió la notificación que le obligaba a indemnizar al hombre que llevaba catorce meses viviendo en su piso sin pagar el alquiler.

Como propietario de tres inmuebles hipotecados, no tenía derecho a recuperar su vivienda y debía compensar al inquilino por ocasionarle un grave perjuicio emocional.

Su hermana abogada le desaconsejó recurrir: podría haber sido mucho peor, y no lo fue porque el letrado contrario olvidó adjuntar los informes sobre la salud mental del arrendatario.

Félix le dijo que nunca imaginó que poseer más de una vivienda lo obligaría a alojar indefinidamente a otra persona.

Pasionaria Buitrón, que siempre se había enorgullecido de ser roja, le reprochó que jamás imaginó tener un hermano tan egoísta y empeñado en hacer honor a su apellido de ave de carroña.Esa misma mañana, un paciente le dijo a Remedios Cura, jefa de servicio de un hospital público, que se metiera el alta médica por donde le cupiera y que dejara de insistir, porque no estaba dispuesto a abandonar la habitación que llevaba okupando desde hacía tres meses.

Rechazaba el albergue ofrecido por los servicios sociales porque en el hospital se estaba mucho mejor.

Tenía cama, comida y atención permanente, aunque seguía el tratamiento cuando le venía en gana y molestaba tanto a pacientes y acompañantes que habían terminado reservándole la habitación para él solo.

Mercedes Sumisa, directora del hospital, consultó a sus superiores, que le ordenaron respetar el derecho del paciente a una estancia digna hasta encontrarle una alternativa habitacional adecuada a sus necesidades.

Aquella tarde, una mujer ingresada de urgencia por neumonía pasó la noche en una camilla del pasillo.En la misma ciudad, Angustias Matrícula, directora de un colegio privado, tuvo que readmitir a los tres hijos de una familia que llevaba dos cursos sin abonar las cuotas.

La inspección le recordó que la educación no podía ser un privilegio de quienes podían pagarla ni se podía segregar a los alumnos entre colegios públicos y privados según la renta de sus padres.

Algo similar le ocurrió a Paz Posada, dueña de un hotel boutique, que tuvo que cancelar una reserva porque un huésped que había contratado dos noches llevaba una semana entera negándose a abandonar su habitación.

El hombre alegaba que obligarlo a marcharse vulneraría su derecho al lujo, el cual no podía seguir siendo patrimonio exclusivo de los ricos, y la amenazó con emprender acciones legales.Una denuncia fue precisamente lo que recibió Cándido Fabril, fundador de un taller de reparación de ascensores, acusado de presionar psicológicamente a un empleado al que había tenido la ocurrencia de pedir explicaciones por sus diecinueve días de ausencia.