El Gobierno estudiará si el fallo del Supremo es recurrible ante el Constitucional

Si el ambiente de la precampaña electoral ya invadía de alguna manera todo el ambiente en la recepción que los Reyes ofrecen en el Palacio Real por la Fiesta Nacional, en esta ocasión hubo un añadido de especial relevancia.

Sobre las 14.30 horas de la tarde estaba previsto que el Tribunal Supremo comunicara su decisión sobre la 'ley de nietos'; es decir, si mantenía la cautelar de que los nacionalizados por esta vía no voten el próximo 29 de noviembre.

Algunos ministros consultaron el teléfono móvil a la espera de recibir la comunicación.

Se retrasó unos minutos y, finalmente, se confirmó que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantenía intacta la decisión que ya tomó en septiembre.

Miembros del Consejo de Ministros no ocultaron su malestar y de forma inmediata reaccionaron: «El derecho al voto parece que no es tan relevante para algunos«, aseguró Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en conversación informal con periodistas en Palacio.

El ministro confirmó después que el Gobierno va a estudiar a través de la Abogacía del Estado si la resolución del Supremo es recurrible ante el Tribunal Constitucional.

Dependerá, según explicó, de si esa decisión es definitiva para aquellos que se incluyeron en el censo en virtud de la denominada 'ley de nietos' (la disposición octava de la ley de memoria democrática, que después fue ampliada por la instrucción de Sofía Puente en el Ministerio de Justicia) y, por tanto, su ejercicio del derecho de voto está suspendido definitivamente.

La clave también es ver si sería recurrible por los afectados o también por el Ejecutivo. «Hay miles de afectados y recursos al Constitucional, habrá.

Los servicios jurídicos analizarán todo», insistían desde la Moncloa, mirando ya a Cándido Conde-Pumpido.

El propio presidente del Gobierno anticipó algo en ese sentido durante el fin de semana en Ponferrada (León), cuando en su segundo mitin pidió abiertamente a los magistrados del Supremo impedir «el intento de atropello» de PP y Vox. «El derecho a voto no se prohíbe, sino que se garantiza», aseguró ante sus cuadros y militantes.

El Gobierno se agarra, precisamente, a que muchos de esos españoles nacionalizados ya votan desde el año 2023. «La pregunta que cabe hacerse es si es constitucional que esos 400.000 españoles que pudieron votar en anteriores convocatorias no vayan a hacerlo en 2026 porque Feijóo y Abascal no quieran. »¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?«, se preguntó.También en los corrillos, justo antes de que se conociera la resolución del Supremo, Sánchez preparaba el terreno: «Hablamos del derecho al voto de 400.000 personas.