El bloque izquierdista del CGPJ veta una declaración institucional de apoyo a la juez Biedma

La profunda brecha que divide al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a escenificarse este miércoles durante la celebración de su Pleno.

Los diez vocales del grupo conservador no han podido contar con el sector izquierdista para sacar adelante una declaración institucional de apoyo y amparo a Beatriz Biedma, la magistrada e instructora del caso David Sánchez y quien ha sido víctima de seguimientos y hostigamiento por parte de las 'cloacas' de Ferraz que investiga la Audiencia Nacional.

Fuentes del sector conservador señalan que con esta propuesta buscaban trasladar el respaldo del órgano de gobierno de los jueces a su compañera.

Sin embargo, se han topado con la «oposición frontal» de los nueve vocales que conforman el sector que ellos mismos denominan progresista: Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucía Avilés.Según esas fuentes los vocales de sensibilidad progresista no solo han vetado la aprobación del texto, sino que se han negado siquiera a debatir el asunto.

Precisamente, según avanza La Razón este miércoles, el Ministerio del Interior ha tenido que poner escolta a la magistrada, lo que revela la magnitud del acoso.

El documento frustrado, al que ha tenido acceso ABC, manifestaba la «profunda preocupación» del órgano ante las presuntas actuaciones de intimidación sufridas por Biedma y su entorno.

El texto aclaraba que el CGPJ emitía el comunicado «sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales», pero con el firme objetivo de trasladar a la juez su «cercanía, solidaridad y respaldo institucional».«Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación», rezaba el texto propuesto por los diez vocales, que recordaba una máxima fundamental: «La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos».El objetivo del grupo conservador era, dicen, enviar un mensaje «inequívoco» a toda la carrera judicial para que jueces y magistrados sepan que «no están solos en la defensa de su independencia».

El comunicado advertía de que, ante cualquier intento de perturbación, el Consejo ejercería «con firmeza» las competencias que la ley le atribuye para garantizar que los jueces puedan cumplir con su labor con «libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley».

Y remataba con una advertencia clara: «Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de derecho».El veto en bloque de los nueve vocales progresistas ha generado estupor en el ala conservadora del Consejo que no entienden la actitud de sus compañeros.