Alertan al Supremo del «daño irreversible» que supondrá no detener el censo de la 'ley de nietos'

La inminente celebración de elecciones autonómicas podría quedar viciada de forma «irreversible» si no se paralizan de inmediato las altas automáticas en el Censo Eectoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la 'ley de nietos' .Así lo han expuesto los representantes de Iustitia Europa y Vox en la vista pública celebrada este lunes en el Tribunal Supremo, donde las dos formaciones se han ratificado en la necesidad de que se estimen sus medidas cautelares y se detenga provisionalmente el censo exterior.

Coinciden en el diagnóstico de un sistema «desbordado y sin control» hasta el punto de que en sólo dos meses se han dado de alta en el censo otros 29.000 nuevos electores (403.466 desde 2023).

El letrado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido ante la Sala Tercera del Alto Tribunal que el censo CERA se está inflando «de manera artificial» con inscripciones de validez jurídica dudosa.

Para esta organización, el principal problema es la instrucción que amplió los supuestos de concesión de nacionalidad previstos en la ley de Memoria Democrática creando una «presunción de exilio generalizada».

Las consecuencias de esta laxitud interpretativa son palmarias, ha dicho, y ha generado anomalías como el hecho de el municipio granadino de Murtas, una localidad de apenas 330 residentes reales cuenta hoy incomprensiblemente con 1.038 votantes registrados en el CERA.Iustitia Europa ha denunciado así el agujero operativo en la Oficina del Censo Electoral (OCE), que ha sido incapaz, ha dicho, de responder a cuestiones tan elementales como cuántas de las nuevas altas responden directamente a la polémica instrucción y cuántas son inscripciones ordinarias. «La JEC ha optado por abdicar de su función supervisora, escudándose en una supuesta falta de competencias más allá de los efectos estrictamente electorales», ha señalado Pardo.Actualización ininterrumpidaEl letrado ha dejado claro ante el tribunal que su pretensión no es revocar el estado civil ni arrebatar la nacionalidad a los nuevos inscritos, sino suspender cautelarmente los efectos electorales de estas altas porque el censo sigue actualizándose ininterrumpidamente y en apenas 116 días se cerrará de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Si se llega a esa cita electoral con un censo viciado, «el perjuicio será irreparable».

Y ello porque, según mantiene Pardo, el secreto del sufragio impedirá identificar y anular a posteriori los votos emitidos bajo inscripciones irregulares, lo que imposibilita cualquier reconstrucción de los resultados o recálculo en el reparto de escaños.