Cerco judicial al alcalde de Benahavís (PP): Investigado por consentir durante dos décadas la ocupación de suelo público por una empresa privada

El alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, junto con el alcalde de Estepona, José María García Urbano. Imagen de fuente municipal de Benahavís.

Este jueves el alcalde de Benahavís (Málaga), José Antonio Mena Castilla (PP), declara como investigado en los juzgados de Marbella. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella ha fijado una batería de declaraciones judiciales para este 24 de septiembre de 2026 , en el marco de las diligencias previas abiertas tras la denuncia contra el regidor, por haber "consentido" el uso de suelo público durante más de dos décadas por parte de una empresa privada, el Marbella Cub Hotel S.A. De este modo, el alcalde, que ostenta el bastón de mando de manera ininterrumpida desde 2007, está llamado a declarar en calidad de investigado a las 13:00 horas.

El caso pone bajo la lupa la ocupación, uso y explotación económica prolongada de suelos de titularidad municipal situados en el paraje Caserías del Esperonal por parte de una entidad privada de lujo, el Marbella Club Hotel S.A. , sin que conste la existencia de concesión administrativa, autorización legal válida ni contraprestación económica a favor de las arcas públicas.

Los orígenes del conflicto se remontan a la supuesta cesión provisional de terrenos públicos para la celebración de un campeonato hípico de gran repercusión mediática a mediados de la década de los 2000 (como los torneos nacionales de saltos celebrados en 2005 y 2006). Sin embargo, lejos de desmontar las infraestructuras al finalizar el evento, las instalaciones - que incluyen hasta 80 boxes fijos, picaderos de geotextil y dependencias hípicas exclusivas - se consolidaron de forma permanente.

Ante las preguntas formuladas en pleno municipal a principios de 2025 por los concejales socialistas, el propio alcalde reconoció por escrito que los terrenos ocupan parcelas de equipamiento público, admitiendo la inexistencia de documentación actual que amparase el uso y justificando que el Ayuntamiento intentó regularizar la situación en el PGOU de 2018, un documento que posteriormente fue anulado por sentencia judicial firme el 17 de septiembre de 2021 .

Pese a este vacío legal y a los requerimientos de la oposición, el regidor mantuvo una actitud de pasividad, limitándose a señalar que el Consistorio estudiaría una futura legalización o la fórmula jurídica para permitir su permanencia, extremo que la acusación considera una vía de blanqueo a posteriori de una ilegalidad manifiesta.

La investigación, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, detalla cómo las parcelas municipales, entre las que figuran fincas registrales calificadas como zonas verdes y sistemas locales de equipamiento, se encuentran completamente integradas dentro de un recinto cerrado al público.