Sánchez intenta evitar el hundimiento del PSOE por la corrupción pero no cuela entre jueces y fiscales

Los jueces y fiscales de este país no bajarán los brazos por el anuncio de adelanto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo tienen claro los magistrados de la Audiencia Nacional que investigan en este momento causas que afectan al Gobierno y a la formación del presidente: el juez Santiago Pedraz que instruye en caso de las cloacas del PSOE y el de Hidrocarburos; el juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra-Zapatero; la jueza María Tardón cuya investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta busca arrojar luz sobre lo que ocurrió en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio y el juez Ismael Moreno que investiga si el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cobró mordidas de adjudicaciones de obra pública gracias al amaño de éstas mientras José Luis Ábalos y Koldo García estaban al frente del Ministerio de Transportes.Se viene un periodo difícil para Sánchez en los tribunales porque el rastro de corrupción de sus ocho años de Gobierno se investiga ya en distintos frentes, acumula tres sentencias condenatorias: la de su hermano, por prevaricación; la de Ábalos, su exministro y persona de máxima confianza a 24 años de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; y la del fiscal general del Estado designado por él, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Se viene un periodo difícil, también, porque su mujer, Begoña Gómez, está a un paso del banquillo de los acusados por tráfico de influencias y malversación.A punto de la implosión judicial para el PSOE -que iba a llegar en breve con la que ya parece inevitable imputación de la formación política como persona jurídica en el caso Leire Díez o 'cloacas'-, al calor del estallido social por la crisis de la vivienda y el surgimiento del emblema de Maricarmen, Sánchez esperaba congelar los tiempos de los tribunales con el anuncio de disolución de las Cortes y convocatoria electoral.

Pero no ha colado.Los magistrados que instruyen las causas más sensibles para Ferraz tienen claro que no interrumpirán sus investigaciones por la convocatoria, aunque cumplan con la tradición no escrita y fijada por el Tribunal Supremo de no tomar decisiones clave que influyan en periodo electoral.

Es decir, aunque la posible imputación de la formación se produzca después de las elecciones.

Pero seguirán instruyendo todo el tiempo y acordando las diligencias pertinentes (incluso las que tengan impacto en la política) hasta el 13 de noviembre, cuando comienza la campaña, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, quienes en cierto modo vieron como un intento de influir en su trabajo el momento elegido por el presidente del Gobierno para anunciar los comicios.