La herencia recibida del 29-N: catorce reformas que ni el adelanto electoral consiguió enterrar

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha dejado por el camino buena parte de la actividad legislativa del Congreso de los Diputados.

Proyectos de ley, reformas y proposiciones que llevaban meses de negociaciones han decaído con la disolución de las Cortes, pero no todas las iniciativas han quedado enterradas.

La Cámara que salga de las urnas heredará 14 propuestas pendientes: dos reformas de estatutos de autonomía, cinco proposiciones remitidas por parlamentos autonómicos y siete iniciativas legislativas populares (ILP), impulsadas desde la sociedad civil.

La diferencia está en el origen de las propuestas.

Mientras las iniciativas promovidas por los órganos de las Cortes Generales decaen al terminar la legislatura, determinadas proposiciones autonómicas y las ILP pueden conservar su recorrido parlamentario.

Eso no significa que tengan garantizada su aprobación ni que todas se retomen exactamente donde quedaron.

Su futuro dependerá de los procedimientos aplicables y de las decisiones que adopte el nuevo Congreso.

Entre las iniciativas que permanecen pendientes figuran reformas relacionadas con la vivienda protegida, la sanidad, la dependencia, la protección de menores y la participación ciudadana.

Algunas llevan años esperando una resolución y han sobrevivido a más de una convocatoria electoral.

Cinco carpetas autonómicas pendientes De las cinco proposiciones de ley autonómicas que conservarán su tramitación, dos proceden del Parlamento balear.

Una reclama la cogestión de los aeropuertos de las islas, una reivindicación que inicialmente se encontró con el veto del Gobierno central.

El Ejecutivo argumentó que la medida podía reducir los ingresos de Aena y obligar a compensar esa pérdida, aunque posteriormente retiró su oposición tras las presiones de Més per Mallorca y de Francina Armengol, presidenta del Congreso.

La segunda propuesta balear busca modificar el artículo 57 de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Su objetivo es impedir que personas condenadas por delitos de acoso a menores puedan acceder a empleos o continuar desempeñando actividades que impliquen un contacto habitual con niños y adolescentes.