Función Pública recula tras la revuelta por los ceses masivos de interinos contratados para los fondos europeos

El Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás en su intención de dar de baja de una tacada el 31 de agosto a todo el personal que había sido contratado de manera interina para colaborar en la gestión de los planes y proyectos vinculados a la primera adenda de los fondos europeos.

El colectivo, sobre cuyo número concreto no hay ninguna cifra oficial pero que fuentes sindicales estiman entre 1.500 y 2.000 personas y que desarrollaba su labor principalmente en organismos como el SEPE y en los ministerios de Transporte, Transición Ecológica, Cultura o Trabajo, empezó a recibir a mediados de agosto vía mail o incluso vía mensaje en la intranet, según avanzó 'El País', un mensaje anunciándoles la extinción de su relación laboral con fecha 31 de agosto, coincidiendo con la finalización del plazo oficial establecido por la Comisión Europea para completar la asignación de los recursos de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.La decisión dictada desde la Dirección General de Función Pública y apoyada en un informe jurídico 'ad hoc' elaborado por la Abogacía del Estado cogió por sorpresa a los trabajadores afectados -algunos de los cuales estaban disfrutando de sus vacaciones-, a los sindicatos -que no recibieron notificación previa alguna de la maniobra- y, según fuentes sindicales, incluso a los departamentos afectados, que no contaban con perder ese personal de manera tan precipitada.

La situación desencadenó una contundente reacción sindical .

Fuentes de CSIF, CC.OO. y UGT consultadas por ABC confirman que en las últimas horas han exigido explicaciones a Función Pública y a los ministerios y departamentos afectados por lo que entienden como una decisión equivocada «tanto en el fondo como en las formas».

Incluso el sindicato CC.OO. puso este lunes a disposición de todos los afectados un escrito de reclamación para impugnar este cese sobrevenido. «La decisión supone una alteración radical y unilateral de las condiciones de trabajo y permanencia, que fueron inicialmente garantizados por la administración mediante los actos de nombramiento, y además aún queda un trabajo de control que hacer», denunciaba este lunes la secretaria general de CC.OO. para la AGE, Montse Gómez.Fuentes del sindicato CSIF lamentaban este lunes también la «situación de desconcierto» generada por la actuación del Gobierno y advertían de que sus servicios jurídicos estaban estudiando el asunto para evaluar el alcance de la situación.

El asunto está lejos de ser sencillo.