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Igualdad estudia medidas contra el cambio de baremos en el acceso a vivienda en Valladolid

Infobae ·

Valladolid, 22 ago (EFE).- El Ministerio de Igualdad estudia medidas para revertir el cambio introducido por el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) en el protocolo de acceso al parque público de vivienda, que ha supuesto sustituir el término víctimas de violencia de género por violencia doméstica, entre los colectivos prioritarios.

Así lo ha indicado la ministra Ana Redondo en la red social X, en la que a través de varias publicaciones ha acusado al Ayuntamiento de "aferrarse al negacionismo de la ultraderecha", y ha advertido de que "está dando la espalda a muchas mujeres que pueden tener en una vivienda la salida a una situación de violencia".

"El cambio del Ayuntamiento de Valladolid por el término violencia doméstica no es una batalla semántica, es la negación de derechos conseguidos y puede dejar fuera de la protección específica a mujeres, por ejemplo, cuando no conviven con su agresor", ha insistido Redondo.

Ha añadido que lo que está en juego en esta modificación del protocolo, que afecta a la consideración de las víctimas de violencia machista como colectivo prioritario por su especial vulnerabilidad en el acceso a una vivienda pública, es la protección específica que se consiguió para las mujeres en 2004, con la ley de violencia de género.

Una ley que "crea la categoría jurídica de violencia de género, como aquella que sufren las mujeres por el hecho de serlo y se sustenta sobre la legislación española, la normativa comunitaria, con juzgados y fiscalías especializadas", ha apuntado la ministra.

Y ha señalado que la violencia de género trae causa del machismo y de la cultura patriarcal, que es estructural y transversal.

No es violencia común ni violencia doméstica", de ahí que considere un "despropósito" la decisión del Ayuntamiento, que además tiene consecuencias sobre los derechos de las víctimas, ha advertido.

También ha recordado que la ley supuso "consenso social y, hasta hace muy poco, político", y considera que los cambios introducidos suponen un "retroceso" que "no van a consentir", porque "la igualdad no se negocia", de ahí que estén estudiando cómo se puede revertir la decisión municipal.

El protocolo de acceso al parque de vivienda pública de Valladolid se aprobó en mayo, con los votos del equipo de Gobierno (PP-Vox), y entonces la información que trascendió ya generó críticas al incluir criterios de "prioridad nacional", que hacían referencia al "arraigo" y la ampliación de 1 a 3 años del requisito de empadronamiento.

Este pasado lunes, el PSOE de Castilla y León alertó de este otro cambio en los criterios de baremación, y denunciaron que puede dejar fuera a mujeres maltratadas que no conviven con su agresor, desprotegiendo a las víctimas de la violencia machista, por lo que en el Ayuntamiento han solicitado la rectificación.

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