Qué cambiaría en la Ley de Salud Mental: el proyecto que modifica las internaciones involuntarias y el control judicial

La reforma , la Ley , el Senado y las internaciones involuntarias volvieron al centro del debate por un proyecto que busca modificar el criterio vigente desde 2010 para permitir intervenciones más tempranas ante crisis graves de salud mental , mantener la participación judicial y redefinir el papel de los psiquiatras y de los hospitales especializados.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara alta en abril, es analizada en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud.

Según explicó el abogado Juan Roza Alconada en Infobae A las Nueve , ya expusieron más de 70 personas entre profesionales, familiares y funcionarios.

Roza Alconada participó como expositor en el Congreso y vinculó su intervención con su historia personal: su hermano Rodrigo sufría esquizofrenia.

“ Quiero que esto cambie ”, dijo al referirse a las dificultades que enfrentan familias y profesionales ante episodios graves.

El abogado sostuvo que la discusión no debería plantear una oposición entre tratamiento y libertades individuales.

“ El tratamiento con los derechos y libertades ” debe orientar el debate, afirmó, al defender una actualización de la norma tras 16 años de vigencia.

Ordenar internaciones involuntarias Uno de los núcleos de la reforma es el artículo 20 de la ley actual, que exige acreditar un “ riesgo cierto e inminente ” para disponer una internación sin consentimiento.

Roza Alconada cuestionó ese estándar porque, a su juicio, deja poco margen para prevenir daños y genera interpretaciones restrictivas entre jueces y médicos.

“El riesgo es probable o no” , planteó.

Para el letrado, la combinación de “riesgo”, “cierto” e “inminente” presenta problemas jurídicos y además expone a los profesionales al temor de futuras demandas por privación ilegítima de la libertad.

La propuesta en debate reemplaza ese parámetro por la evaluación de un daño grave para la propia persona o para terceros.

Según explicó, ese cambio permitiría considerar la historia clínica, los antecedentes y la conducta previa del paciente antes de que la situación derive en un episodio irreversible.

La intervención judicial no desaparecería.