Tres magistradas y un magistrado buscan presidir la Corte Suprema de Costa Rica en medio de tensiones con el Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se prepara para elegir a su nueva presidencia en un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno, cuestionamientos sobre el funcionamiento de los tribunales y preocupación por el avance del crimen organizado.

Un total de cuatro magistrados, entre ellos tres mujeres y un hombre , formalizaron sus candidaturas para asumir la máxima representación del Poder Judicial durante los próximos cuatro años, luego de que concluyera el plazo oficial de inscripción el lunes 12 de octubre de 2026.

Los aspirantes son Damaris Vargas Vásquez , magistrada de la Sala Primera y actual vicepresidenta de la Corte; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera; Patricia Vargas González , también integrante de esa sala; y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal.

La información fue confirmada por el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, que detalló que las postulaciones fueron presentadas ante la Secretaría General de la Corte antes del cierre del plazo, establecido para las 4:30 p. m. del 12 de octubre.

La elección se realizará el próximo lunes 26 de octubre , a partir de las 8:30 a. m., durante una sesión de Corte Plena en la que los candidatos deberán exponer sus propuestas y conseguir el respaldo de al menos 12 de los 22 magistrados que integran el órgano judicial. ¿Quiénes son los cuatro candidatos? La contienda reúne a magistrados con diferentes trayectorias y prioridades para la administración de justicia, aunque tres de las cuatro candidaturas provienen de la Sala Tercera, encargada de conocer asuntos de casación penal.

Damaris Vargas Vásquez, i ntegrante de la Sala Primera y actual vicepresidenta de la Corte Suprema, fue la última en formalizar su candidatura.

La magistrada ocupa actualmente la presidencia en ejercicio del Poder Judicial y ha manifestado su interés en fortalecer los espacios de comunicación entre las instituciones públicas.

Uno de sus principales planteamientos consiste en establecer mecanismos de diálogo con el Gobierno de la presidenta Laura Fernández, especialmente para coordinar respuestas frente a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Por su parte, Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera, fue una de las primeras magistradas en manifestar públicamente su intención de participar en la elección.

Solano ha defendido la necesidad de reforzar la independencia judicial y mejorar la comunicación de la institución con la ciudadanía.

Considera que el Poder Judicial ha tenido deficiencias para explicar públicamente su trabajo, lo que ha afectado la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la justicia.