Dos imputados en operación policial en Panamá tendrán que portar brazaletes electrónicos

Una reciente audiencia en el Tribunal de Garantías concluyó con la imposición de estrictas medidas cautelares para dos personas señaladas en el marco de la operación “Cenit”.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, ambos imputados deberán cumplir con notificaciones periódicas , portar brazaletes electrónicos y no podrán abandonar la provincia de Panamá, ni acercarse o comunicarse con la víctima.

Estas disposiciones fueron consideradas por el tribunal como las más adecuadas ante el riesgo que representan para la comunidad.

La Fiscalía Metropolitana, a través de su Sección de Delitos contra el Orden Económico, argumentó que los imputados habrían tenido una implicación directa en la recepción de fondos retirados ilícitamente de la cuenta bancaria de la víctima.

Las investigaciones se originaron tras el hurto de un teléfono móvil ocurrido el 14 de febrero de 2026 en el Parque Porras, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Según la denuncia, luego de perder el dispositivo, la víctima detectó que se efectuaron transferencias superiores a $200,000 desde su banca en línea.

En respuesta a estos hechos, once de las trece personas inicialmente vinculadas al caso optaron por un proceso de mediación para resarcir a la víctima .

Esta vía fue aceptada por todas las partes , mientras que el Ministerio Público anunció que las indagaciones continuarán durante seis meses, conforme a la legislación vigente.

En otro caso, la Fiscalía Regional de San Miguelito, mediante su Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva y Otros, consiguió condenas para ocho personas y estableció medidas cautelares para cinco más, en el contexto de delitos relacionados con posesión de drogas y armas de fuego.

Entre las sanciones impuestas, destacan acuerdos de pena que oscilan entre 48 y 60 meses de prisión, así como la obligación de notificarse mensualmente ante las autoridades y la prohibición de asistir a eventos conocidos como “Parking” o fiestas clandestinas.

La investigación se inició tras un aviso a la Policía Nacional, recibido el 16 de agosto de 2026 en el corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, donde se reportó la presencia de varios sujetos armados en una reunión clandestina .

Durante la intervención policial y fiscal, se hallaron ocho sobres de marihuana, un revólver y una pistola en una de las residencias inspeccionadas.

Un informe forense determinó que el revólver incautado era funcional y apto para disparar.