Inocencia Fiscal no es un blanqueo: los cinco cambios que hay que saber antes de sacar los dólares del colchón

La denominada “Inocencia Fiscal” nació con el objetivo particular de permitir que los dólares que las personas mantuvieron durante años fuera del circuito formal pudieran utilizarse en la economía sin que su sola aparición habilitara una revisión fiscal hacia atrás.

El régimen, que oficialmente surgió como el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos , fue presentado bajo una consigna: “Tu dólar, tu decisión”.

Después llegaron términcos como declaración jurada simplificada de Ganancias, la presunción de exactitud y lo que los especialistas denominan el “tapón fiscal” .

Ahora, un nuevo proyecto en el Congreso busca ampliar y reforzar esas herramientas.

Pero hay una distinción fundamental para entender qué puede hacer un contribuyente si finalmente se aprueba.

“Técnicamente no es un blanqueo” , explicó a El Cronista Martín Caranta , socio de Lisicki, Litvin & Abelovich , quien considera que el proyecto introduce mejoras que darían mayor seguridad jurídica a un régimen que ya está vigente.

La diferencia no es solamente semántica.

Un blanqueo tradicional suele exigir el pago de un impuesto especial o establecer condiciones sobre el destino y permanencia del dinero .

En este caso, explica Caranta, los fondos pueden utilizarse para consumir o realizar gastos cotidianos sin quedar inmovilizados ni estar sujetos a una inversión determinada.

“Esto puede ser poner los dólares del colchón para pagar la tarjeta de crédito , para pagar la cuota del colegio”, ejemplificó.

La reforma que se discute en el Congreso incorpora al menos cinco cambios centrales que amplían el alcance del régimen, corrigen incertidumbres de la normativa vigente y establecen también nuevos límites.

Se eliminan los topes que hoy dejan contribuyentes afuera La declaración jurada simplificada es un régimen optativo destinado a personas humanas , no a sociedades.

Actualmente, además, existen parámetros objetivos que restringen quiénes pueden ingresar.

Caranta explicó que hoy rigen un límite de $1000 millones anuales de ingresos y otro de $ 10.000 millones de patrimonio y el proyecto elimina ambos parámetros.