Las empresas celebraron la derogatoria de 11 circulares del Ministerio de Trabajo: qué cambia para empleadores y trabajadores
El Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 2708 con la que eliminó 11 circulares internas que, según la propia entidad, habían creado requisitos, procedimientos y criterios sancionatorios que no podían establecerse mediante ese tipo de documentos.
Con esta decisión, la cartera estableció que las empresas no podrán ser sancionadas ni recibir nuevas exigencias únicamente por lo dispuesto en esas circulares, sino que cualquier requerimiento debe estar respaldado por una base legal clara.
De acuerdo con la cartera, las leyes laborales y los derechos de los trabajadores permanecen vigentes, pero las circulares derogadas ya no tendrán efecto en la imposición de sanciones ni en la creación de obligaciones adicionales para los empleadores.
La medida recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que la presentó como un avance hacia reglas más claras, transparencia y seguridad jurídica para empleadores y trabajadores.
La entidad que preside Bruce Mac Master sostiene que las circulares derogadas incorporaban obligaciones, requisitos, multas y procedimientos sin respaldo legal suficiente.
Además, señaló que la decisión “avanza hacia reglas más claras para fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica, al precisar el alcance de los instrumentos administrativos y su correspondencia con el ordenamiento jurídico colombiano”.
La Andi añadió que “de acuerdo con el análisis técnico y jurídico realizado por el Ministerio, las circulares derogadas excedieron su función constitucional orientadora, al incorporar nuevas obligaciones, requisitos, multas y procedimientos que no contaban con el debido respaldo legal”.
De igual manera, puntualizó que la decisión también permite “precisar los límites del ejercicio de las competencias administrativas y reafirmar que las circulares deben mantenerse dentro del ámbito de validez que les corresponde como instrumentos administrativos”.
Para la entidad, ese punto es relevante para fortalecer la seguridad jurídica y el apego de las autoridades al principio de legalidad.
También advirtió que, cuando se desbordan los límites fijados por la Constitución y la ley, aumenta la incertidumbre, se afecta la previsibilidad normativa y puede debilitarse la confianza en las instituciones.
Reiteró además su compromiso con un entorno regulatorio predecible que favorezca la formalización laboral, la inversión y la generación de empleo.
Añadió que esa estabilidad contribuye al desarrollo sostenible del país.
Lo que cambia para las pequeñas y medianas empresas La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, valoró la resolución al considerar que devuelve claridad y seguridad jurídica a la relación entre empleadores y trabajadores.
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