El Gobierno vuelve a fijar una cláusula “anti China” en el proceso para privatizar Belgrano Cargas

El Gobierno avanza con el proceso de privatización de Belgrano Cargas e incluirá una cláusula que limita la intervención de empresas que estén controladas de forma directa o indirecta por Estados extranjeros.

Esta medida, conocida como “ cláusula anti-China ”, sigue la misma línea que se aplicó en los concursos de la Hidrovía y del proyecto AMBA I.

La administración libertaria tiene previsto anunciar este jueves la apertura de la licitación para concesionar las vías de Belgrano Cargas por un plazo de 50 años, ofreciendo también la posibilidad de adquirir el material rodante.

La resolución, que será publicada por el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo en el Boletín Oficial, convoca a los interesados a presentar sus propuestas hasta mediados de noviembre.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae, se autoriza la utilización de los trazados ferroviarios y los terrenos colindantes correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, como parte del proceso de privatización.

El objetivo señalado en el pliego es elegir a los futuros concesionarios responsables de la gestión de las vías e infraestructura de estas líneas, lo que abarca tanto las tareas de mantenimiento como los trabajos de modernización.

No obstante, el primer artículo aclara que la convocatoria contempla la “opción a la adquisición del lote de material rodante respectivo a cada línea”.

Esta alternativa no es obligatoria, por lo que cada interesado podrá decidir si la toma o no.

Con esta inclusión, las autoridades nacionales respondieron a los planteos de algunas compañías interesadas en el Belgrano Cargas, que habían objetado la fragmentación del pliego.

El plan definido por el Poder Ejecutivo divide el proceso de privatización: por un lado, la concesión de obra pública sobre las vías y los terrenos asociados, cuyo llamado se publicará este jueves; por otro, la venta de material rodante a través de una subasta pública, la cual figura como opción en la licitación principal; y, finalmente, la utilización de los talleres.

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